La ‘condena’ a unos secuestrados por parte de un frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) generó polémica e indignación, pero también interrogantes sobre los motivos por los que el grupo subversivo volvió público el juicio. Conozca distintas voces acerca de este tema.
Publicado por: Redacción Nacional
El pasado martes 5 de mayo, el Eln anunció que cuatro miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) fueron sometidos a un “juicio revolucionario condenatorio”, acusados de supuestos delitos de espionaje.
Las ‘condenas’, que oscilan entre los tres y cinco años de prisión, impuestas a los cuatro servidores públicos, no son otra cosa que una prolongación de su secuestro, que comenzó el 20 de julio de 2025 y que se cumple en algún lugar de las selvas colombianas. Lea también: Fiscalía y Corte Suprema exigen al ELN liberar de inmediato a policías y agentes del CTI secuestrados en Arauca
Los secuestrados son Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, miembros de la Policía y adscritos a la Dijín, además de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía.
Los policías fueron secuestrados en la vía que comunica a Tame con Arauca, mientras que los miembros de la Fiscalía fueron retenidos en zona rural de Fortul.
En el video, publicado en redes sociales, la guerrilla aclaró que no se les aplicará pena capital; es decir, que no serán asesinados. Además, advirtió que el tiempo que llevan secuestrados cuenta dentro de la pena y que esta podría reducirse por ‘buen comportamiento’.
¿Qué es un juicio revolucionario?
El ‘juicio revolucionario’ no es nuevo y en Colombia lleva varias décadas. Es un mecanismo que utilizan grupos subversivos como el Eln, que no tiene sustento legal ni garantías procesales, para imponer sus propios y castigos.
Ocasionalmente se hacen para sancionar a miembros de sus propias filas, por malos comportamientos o casos de deserción, y en unos casos específicos se dan cuando el grupo armado decide hacer su propio juicio a una persona externa, pues no confían ni validan la justicia del Estado.
En casos como el de los cuatro funcionarios de la Policía y el CTI retenidos, estas acciones son consideradas por los expertos como secuestros extendidos y no procesos judiciales legítimos. Le puede interesar: Eln impone “condenas” a funcionarios de la Fiscalía y Policía secuestrados en Arauca
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Al respecto, la ONU señaló que el Derecho Internacional Humanitario es claro y establece, en el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que “ningún grupo armado no estatal puede privar de libertad o imponer sentencias” e instó al Eln a liberar a las personas retenidas.
“Burla al Estado”
El “juicio” al que fueron sometidos los investigadores generó diversas reacciones de rechazo, entre ellas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la mayoría de candidatos presidenciales, incluyendo los tres favoritos en las encuestas; así como la Rama Judicial y entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía.
Rechazo absoluto a estos hechos. Resulta indignante que el ELN imponga “juicios revolucionarios”, que no son otra cosa que juicios terroristas. Mi solidaridad con las victimas y mi llamado a la Fuerza Pública para que realicen las acciones necesarias para su liberación. https://t.co/AZlpCSZnyC
— General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) May 6, 2026
Al respecto, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó que a esta clase de actos no se les puede denominar juicios revolucionarios, sino terroristas: “Es abominable, indignante, ofensivo; es volver a tiempos de bárbaras naciones, cuando secuestraban a la gente, les quitaban la plata, hacían ‘pescas milagrosas’, condenaban a la gente y la asesinaban”.
El mandatario departamental criticó la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional y manifestó que a estos grupos no les interesa dejar las armas ni el poder que ejercen sobre los territorios.
“Está demostrado que el apaciguamiento a los bandidos no funciona. No funcionó con los nazis en Inglaterra, cuando Churchill lo advirtió; no funcionó acá, en Colombia, porque, en ese tiempo, esos grupos terroristas se van fortaleciendo, se van metiendo en actividades ilícitas y van ganando control del territorio”, indicó el gobernador de Santander.
#PlenariaSenado | El senador @GustavoMoreno__ realizó su constancia sobre la seguridad de nuestro país. "Hoy también quiero decirle a este Congreso de la República que lo que está pasando en materia de inseguridad en Colombia no es nuevo", dijo. pic.twitter.com/oGD7u26kfg
— Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) April 29, 2026
Por su parte, el senador santandereano Gustavo Moreno expresó que “hay grupos a los que no les interesa la paz. Ellos viven del narcotráfico, de la extorsión” e insistió en que el Eln pasó “de ser un grupo guerrillero a un grupo de delincuentes, de bandidos, que por ningún motivo pueden usurpar la función del Estado”.
El congresista agregó que cada vez son más frecuentes las acciones contra la población civil: “La semana pasada secuestraron a dos empresarios en pleno centro de Ocaña; en el Magdalena Medio santandereano aumentó la extorsión; en el sur de Bolívar se expandió la minería ilegal”.
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¿Por qué hicieron un ‘juicio’ público?
El director del Observatorio Ciudadano de Santander, Julio Acelas, aseguró que los ‘juicios revolucionarios’ son “una clara violación al Derecho Internacional Humanitario que el Eln dice permanentemente que respeta y acata. Esos grupos criminales no tienen autoridad ni legitimidad para juzgar a civiles, ni mucho menos para imponerles penas”.
Acelas fue enfático al afirmar que “el Eln se ha burlado de todos los procesos de diálogo. Este grupo se dedicó a obtener rentas ilícitas del narcotráfico y la minería y, por eso, no tiene legitimidad para tener como excusa la lucha armada como herramienta de cambio social”. Vea además: Así opera el grupo del Eln que impuso condenas a policías y funcionarios de la Fiscalía secuestrados
El experto sostuvo que la estrategia de adelantar el ‘juicio’ y hacerlo público tiene una intención netamente política: “Deben estar pensando en una estrategia para ‘blanquearse’ ante la opinión pública y demostrar una acción humanitaria entregándolos o canjeándolos en algún momento”.
Asimismo, Acelas afirmó que el ‘juicio’ no es más que un secuestro disfrazado y, por ello, el Gobierno debería agotar todas las instancias de acercamiento y buscar un canje o negociación para que los policías e investigadores sean liberados.
