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Viernes 25 de Septiembre de 2015 - 07:07 PM

“Temo por la reacción de la ultraderecha frente a la paz”: Eduardo Montealegre

Montealegre desmiente a quienes critican el proceso señalándolo de motivar la impunidad y se compromete a entregar antes de su salida del ente acusador cinco informes macro que les servirán a los magistrados de justicia transicional para adelantar las investigaciones contra la guerrilla.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
“Temo por la reacción de la ultraderecha frente a la paz”: Eduardo Montealegre
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, habló con COLPRENSA sobre la firma del acuerdo que en materia de justicia alcanzaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Sobre el proceso que se abrirá, cree que no será resuelto en, por lo menos, una década.

Ya hay un acuerdo en justicia con las Farc. ¿Cómo entender este nuevo escenario?

Este es un verdadero modelo de justicia, no de impunidad. Tanto la Comisión como la Corte interamericanas de Derechos Humanos consideran que la impunidad es la ausencia de investigación, de juzgamiento y de sanción de los responsables de graves violaciones al DIH. Lo que se acordó en La Habana es un modelo estructurado sobre la investigación penal; existirá un juzgamiento en la jurisdicción especial de paz, un tribunal con jueces nacionales y extranjeros. Además se establece un modelo de sanción con restricción de la libertad.

Se ha conocido que esta negociación partió desde pretensiones de impunidad por parte de las Farc…

Las Farc querían un modelo muy al estilo del proceso de paz sudafricano, estructurado sobre comisiones de verdad y amnistías muy amplias. Aquí llegamos a fórmulas intermedias, vamos a combinar el modelo de investigación, juzgamiento y sanción para los crímenes de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional con un modelo de amnistía e indulto para el delito de rebelión y conexos, exceptuando los delitos internacionales.

En su concepto, ¿por qué los contradictores de este acuerdo insisten en que todos lo que se desmovilicen vayan a la cárcel?

Porque la gente identifica la justicia con la privación de la libertad, como una respuesta al delito. Esta postura retribucionista, estancada en una concepción primitiva del derecho penal, representa la ley del talión: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Estamos ensayando un nuevo modelo, orientado a la justicia transicional, con la cual la sociedad contemporánea ha tratado de crear mecanismos excepcionales para lograr la transición de las dictaduras a la democracia, o de conflictos armados de guerra hacia la paz.

Pero el procurador Ordóñez dice que la cárcel de la guerrilla serán los límites fronterizos del país…

Eso es falso. Y preocupa que quienes tienen un deber de decir la verdad, porque el procurador es garante de los Derechos Humanos, desinformen a la opinión pública. Aquí se está hablando de un modelo de restricción efectiva de la libertad, lo que implica concentrarse, en un sitio por definir, pero siempre con una capacidad limitada de desplazamiento.

¿Tiene algún temor por la forma como han reaccionado ciertos sectores?

Tengo muchos temores por la reacción de la ultraderecha colombiana frente al proceso de paz. Veo una campaña muy agresiva de desinformación y de falta a la verdad a la hora de informar sobre los verdaderos alcances del proceso de justicia transicional. En una democracia pueden existir disensos y controversias ideológicas, pero es muy grave criticar sobre mentiras y falsedades.

¿Quién vigilará que las restricciones a la movilidad se cumplan?

Autoridades distintas a las tradicionales penitenciaras. Incluso pueden ser de verificación internacional, hay propuestas de colaboración de fuerzas internacionales.

¿En esas zonas estarían los jefes de las Farc, o ellos se quedarían en Cuba?

Eso lo tiene que decidir el Congreso, cuando desarrolle el Marco Constitucional para la Paz, ahí deberá decir dónde están esas zonas, y no se puede descartar la posibilidad de que la restricción de la libertad se pueda cumplir en otros países.

Los jueces que van a juzgar a las Farc, ¿quiénes debe ser, cómo integrar las salas?

Estamos dando un paso para crear tribunales mixtos. Serán jueces, en su mayoría colombianos y unos pocos extranjeros. Este modelo no es nuevo. Cuando se investigó y juzgó el conflicto de Yugoslavia existió un tribunal nacional interno (mixto) y otro penal internacional que se constituyó en La Haya. Lo mismo pasó en Sierra Leona y en Camboya. La composición del nuestro está en manos del Congreso.

¿Por qué recurrir a jueces internacionales?

Porque son personas ajenas al conflicto. Al ver las situaciones desde afuera se gana más objetividad para imponer sanciones y determinar responsabilidades.

Hay quienes piensan que los jueces van a ser escogidos por las Farc, para que los favorezca…

Eso es absolutamente equivocado. Son jueces y por lo tanto tienen que ser totalmente autónomos e independientes frente a las partes del conflicto, tanto a las posiciones del Estado como frente a las acciones que tenga la insurgencia.

¿Los jefes de las Farc podrán intervenir en política?

Existe un principio universal que establece que cuando se trate de delitos políticos o conexos con los políticos se podrá participar en política y no hay prohibición internacional sobre delitos de lesa humanidad. Pero hay una excepción en la Constitución colombiana, para que cuando se trate de delitos de lesa humanidad, éstos no se pueden considerar como delitos conexos con el delito político. Si estamos pensando en un proceso de reconciliación, es necesario que el Congreso levante esta prohibición y abra la posibilidad para poder participar en política aunque se hayan cometido violaciones al DIH y para esto se requiere una reforma constitucional. Hay que tener presente que la participación en la política es una garantía de no repetición. Si cerramos las puertas para que los guerrilleros intervengan en la controversia democrática y los seguimos tratando como enemigos, se pone en peligro el proceso de paz.

¿Hay tiempo para esa reforma?

En este momento ya hay un proyecto que crea unos mecanismos más ágiles para la reforma de la Constitución y la reforma legal y se le dan facultades al presidente para desarrollar ciertos temas para la paz. Me parece que el Congreso de la República debe tomar ya medidas para derogar la prohibición de la participación en política frente a delitos de lesa humanidad.

¿Qué va a pasar con los guerrilleros que hoy están condenados?

Este es un diseño de Justicia Transicional que no solamente se debe extender a las investigaciones en curso y a los procesados actualmente, sino que debe extenderse a quienes han sido condenados, no solamente de la guerrilla, sino a integrantes de fuerza pública, relacionados con delitos contra el DIH.

Ahí entra el tribunal especial…

El tribunal tendrá que analizar las sentencias proferidas y si se dan los estándares del modelo de justicia transicional puede existir una sustitución de pena de las ya impuestas. Además, los condenados por rebelión y conexos pueden ser objeto de indultos por parte del Gobierno.

¿Eso también se extiende a integrantes de la Fuerza Pública, cobijaría este nuevo marco jurídico casos como los del coronel Plazas Vega?

La Constitución establece que debe existir un marco diferenciado entre miembros de la Fuerza Pública y la insurgencia. La última puede buscar reconocimientos colectivos y pueden darse imputaciones al grupo. En el caso de los militares estamos frente a responsabilidades individuales, solo si alguien, como individuo, quiera acogerse se le deberá aceptar, no puede ser una obligación ni una imposición.

Usted ha suspendido las imputaciones a las Farc, pero no a los miembros de la fuerza pública ¿Por qué?

Porque el modelo de la insurgencia está centrado en asumir responsabilidades colectivas. La Fuerza Pública no se asume de manera colectiva, porque son responsabilidades individuales. Pero, en todo caso, en el momento en que un militar exprese que se quiere someter a la justicia transicional, cuando esta ya haya sido definida en sus procedimientos, valoraré la posibilidad de suspender las imputaciones, pero por ahora no.

¿Cómo ve este proceso, en comparación con el que se cumplió con las AUC?

El expresidente Álvaro Uribe tienen logros muy importantes que no hay que desconocer, pero en el proceso de las AUC no se prepararon para el posconflicto; no hubo seguridad jurídica para los desmovilizados, porque quedaron más de 18 mil quienes no tenían clara cuál era su situación jurídica, por eso muchos ingresaron a bandas criminales. Estas experiencias negativas no las podemos repetir.

Usted terminará su periodo el 28 de marzo del 2016 ¿Alcanzará a presentar sus estudios sobre las Farc al tribunal de justicia transicional?

Antes de esa fecha le entregaré al país el resultado de las investigaciones en contexto contra las Farc y contra la insurgencia colombiana, para que sean presentadas ante la justicia transicional.

Pese al acuerdo de esta semana, hay pesimismo en muchos colombianos, pues quedan delinquiendo el Eln, las bacrim, narcotraficantes…

Lo fundamental en la justicia transicional es que está construida sobre la base de garantías de no repetición. En el derecho internacional una de las medidas de reparación es dar garantías para que no sigan las violaciones a derechos humanos, es desarticular toda estructura militar y política de las Farc, desarticular esa maquinaria de lucha política de la guerrilla. Por eso debe ser prioritaria la desarticulación de todas las estructuras militares al margen de la ley. Tiene que venir un compromiso muy grande del Estado para intensificar su lucha contra las bandas criminales.

El Centro Democrático cuestiona que no se incluyera en el acuerdo la reparación de las Farc a las víctimas con propiedades y dinero…

Esa posibilidad ya está en la Constitución. Para entrar en un modelo de justicia transicional es indispensable un mínimo de justicia y contribuir con la verdad y la reparación; eso no lo pueden desconocer el Estado, ni las Farc.

Pensando en las víctimas, hablemos de cifras y de bienes de las Farc…

Tenemos en curso, conjuntamente con la Fuerza Pública, un trabajo coordinado para adelantar procesos de extinción de dominio contra las Farc de gran envergadura. Hay 11.269 procesos activos, que abarcan cien mil hechos. Para que el tribunal que se cree abarque todos los procesos, necesitará, al menos, de una década de funcionamiento. Esos 11.269 procesos se adelantan contra 16.451 miembros de las Farc y hay 1858 casos de guerrilleros ya condenados.

¿Cómo va la recuperación de esos bienes por parte de la Fiscalía?

Tenemos con medidas cautelares casi 70 mil millones de pesos en bienes embargados, 327 son inmuebles, 37 son sociedades. Por estos hechos hay 58 procesos vigentes, trece con la ley anterior (793), y el resto en la nueva ley (1708). Una de las conclusiones es que las FARC han venido ocupando los baldíos de la Nación. A esto se suman cerca de 140 mil cabezas de ganado que han sido producto de abigeato en lo que se conoció como la zona de distensión, Vichada, Arauca y en toda la zona del Meta y Casanare.

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