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Martes 20 de Octubre de 2015 - 11:34 AM

Empresarios apoyan proceso de paz, pero persisten dudas sobre jurisdicción

Un día después de que el Gobierno y las Farc anunciaran el acuerdo sobre los desaparecidos, el proceso de paz sumó un nuevo espaldarazo. El Consejo Gremial anunció su apoyo a las negociaciones de La Habana, pero sus integrantes expusieron preocupaciones, especialmente, sobre la jurisdicción especial para la paz y el papel de la Comisión de la Verdad.
COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL
Empresarios apoyan proceso de paz, pero persisten dudas sobre jurisdicción
(Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, aseguró que el respaldo es “claro y nítido, pero no es incondicional”. Pese a que Bruce Mac Master, vocero del Consejo Gremial y presidente de la Andi, explicó que consideran que los avances a los que se ha llegado son “valiosos” y es necesario un esfuerzo “para que se adelante con la mayor legitimidad y respaldo posible”, los líderes gremiales hicieron una serie de observaciones en un documento entregado al Gobierno.

Los empresarios destacaron ocho puntos a revisar. Entre estos está la importancia del acuerdo sobre el desarrollo agrario, al considerarlo una “deuda histórica”, pero llamaron la atención de que lo se concrete en Cuba tiene que ser respetuoso con la propiedad privada y debe garantizar la seguridad jurídica.

Las discusiones en torno a la jurisdicción especial y la Comisión de la Verdad también preocupan a los gremios. Javier Díaz, presidente de Analdex, manifestó que “como no se conoce el texto, surgen muchas preguntas”. Por ejemplo, los empresarios pidieron que se establezca el tiempo que va a investigar el Tribunal que se cree y a quiénes lo va a hacer. En este punto, sostuvieron que el comunicado del 23 de septiembre “no reconoce inmunidades ni fueros”, por lo que hay que aclararlo. Botero añadió que el punto de la Comisión de la Verdad “ha pasado desapercibido y es de enorme importancia”, pues les inquieta que se cree una Comisión que establezca responsabilidades colectivas o institucionales. “Esto puede conducir a un proceso de desinstitucionalización que no conviene”, dijo.

El presidente de Analdex especificó que el temor de los empresarios es que se nombre una Comisión para tener una verdad oficial, ya que no creen que haya una sola opinión. “Cada uno tiene su versión, por lo tanto pensamos que se debería repensar este tema. No creemos que eso pueda llevar a una verdad oficial”, explicó Díaz.

Mac Master agregó que en la jurisdicción especial “es necesaria una mayor claridad” que especifique cuál es el periodo que se va a investigar y cómo se van a analizar las responsabilidades indirectas. Los líderes gremiales también resaltaron la obligación de que las Farc asuman su cuota de responsabilidad sobre las víctimas del conflicto. Precisamente, Mac Master argumentó que se deben establecer mecanismos para entregar los bienes financiados con las actividades ilegales de las Farc. “De modo más general, anotamos que no se conocen compromisos para entregar los bienes y rendimientos financieros asociados al portafolio de negocios ilegales”, se dijo en el documento del Consejo Gremial.

Además, se pidió que se establezcan tiempos y maneras para la dejación de las armas. “Cualquier mecanismo deberá asegurar que dicha entrega sea total y verificable”, aseguró el presidente de la Andi. Botero explicó que en La Habana solo se comunicó cuándo comenzará este proceso, pero esto no dice mucho y concluyó que en las indemnizaciones a las víctimas, las Farc no solo pueden aportar “ceremonias de expiación”, sino también deben dar recursos económicos. Los gremios aclararon que esta es no es una negociación entre dos ejércitos sino entre el Estado y un grupo ilegal.

Santos destacó el apoyo de los industriales

Tras la declaración del Consejo Gremial, el presidente Juan Manuel Santos les agradeció a los empresarios “la actitud constructiva” para expresar las preocupaciones que tienen. Además, aseguró que los puntos que contiene el documento entregado los “suscribe totalmente” y dijo que “no hay la más mínima diferencia entre esos puntos y la posición que el Gobierno ha venido sosteniendo”. Santos resaltó que las negociaciones no buscan perseguir a ningún empresario.

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