Hace 25 años, cuando empezaban las labores de la Asamblea Nacional Constituyente, en la comisión que se designó para tratar asuntos de principios, derechos y mecanismos de participación, se le dio forma a uno de los recursos más exitosos de la Constitución Política de 1991: La tutela.

Publicado por: COLPRENSA
No se llamaba así para ese entonces. La Comisión tuvo como labor recoger las propuestas de diversos sectores de la sociedad que incluían, todos, la acción de amparo para proteger derechos fundamentales.
En esa comisión participó el abogado y constituyente Juan Carlos Esguerra (luego designado Ministro de Defensa), quien tuvo como asesor a uno de los estudiantes que más lo contradecía: otro abogado de la Universidad Javeriana que suspendió sus estudios de postgrado en Política Pública en los Estados Unidos para regresar al país y hacer, en palabras de Esguerra, “una mejor maestría, de esas que ocurren cada 100 años”.
Ese estudiante era Luis Guillermo Guerrero, hoy vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia, a quien –según Esguerra- se le ocurrió el nombre ‘tutela’.
“Queríamos recoger las cosas más importantes del amparo mexicano, pero queríamos descartar otros que nos parecían inconvenientes y, cuando nos estábamos rebanando los sesos con esto, a él se le ocurrió: ‘cómo le parece si le ponemos tutela’”, contó Esguerra.
Guerrero relató a Colprensa que el derecho de amparo y el recurso de amparo como tal ya estaba previsto en todos los proyectos de reforma y que el trabajo de la Comisión fue hacer una síntesis de todas las propuestas.
“Yo le dije (a Esguerra): ‘mire el amparo tiene muchos desarrollos a nivel internacional, pero nosotros démosle el nombre que la caracterice como una institución y que permita enriquecerla con la propia experiencia colombiana y él tomó eso y salió ‘tutela’”, relató.
Aunque más adelante en la Asamblea hubo algunos debates sobre el nombre, la propuesta ‘tutela’ fue la que finalmente prosperó y la que, en efecto, se consolidó.
“Hubo muchas personas alrededor. El doctor Esguerra desde el comienzo manifestó su compromiso con el mecanismo de protección de derechos. Como le digo todos los proyectos los tenían, fue una construcción colectiva, todo el mundo aportó”, señaló.
El hoy magistrado Guerrero recuerda la Asamblea Constituyente, en la que estuvo “con algo más de 32 años”, como un espacio extraordinario y “una ventana que abrió el impulso para darle al país unas instituciones nuevas y una Constitución que permitiera aclimatar la paz”.
De hecho, en reciente foro sobre los 25 años de la Constitución, Guerrero hizo su presentación sobre el éxito de la tutela, señalando incluso que excedió las expectativas que se tenía sobre este mecanismo. Esto, si se tiene en cuenta, que la Corte Constitucional es hoy reconocida por algunos fallos de tutela proferidos que tocan temas estructurales como los derechos de los desplazados, la crisis carcelaria, la atención en salud, entre otros.
“La creación de la Corte Constitucional fue determinante porque le dio un impulso a los derechos y a la acción de tutela y eso le valió su reconocimiento, esa percepción del ciudadano de que la Corte le da al ciudadano la capacidad de que sus derechos sean efectivos”, dijo.
Preguntado por Colprensa sobre si es necesario hacer un ajuste a la tutela ante actuaciones como las ‘tutelatones’, el magistrado Guerrero consideró que ya la Corte ha perfilado la tutela y que debe ser la misma Corte, a través de su jurisprudencia, la que “tiene que ir fijando sus alcances, evitando el abuso, que se ha presentado”.
UNA FIGURA SIN IGUAL
El mismo magistrado Guerrero hizo un recuerdo de los principales derechos que los ciudadanos han logrado por vía de tutela en la Corte recientemente como el derecho a la muerte digna o eutanasia o la orden que para registrar a una recién nacido en Colombia se puedan ubicar dos padres o dos madres en el formulario.
“Esto muestra el inmenso poder de la justicia constitucional y la manera como puede traducirse en una realización de los objetivos constitucionales, así como los riesgos latentes en un órgano que escapa a los controles que han sido dispuestos para otras instancias de poder público”, dijo Guerrero.
Y no es para menos. Debido a la acción de la tutela los colombianos saben de la existencia del mínimo vital de agua, han visto sus derechos pensionales garantizados o accedido a los servicios de salud y a tratamientos complejos y costosos.
Una de las tutelas más reconocidas en el país y que ya lleva 11 años en marcha es la T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, o la T-760 de 2008 que ha impulsado cambios en el sector salud.
A esto se suman los fallos de tutela que han protegido los derechos de la comunidad Lgtbi, que suman más de 70 avances, entre otros.
En 2015, cuando la Corte Constitucional enfrentó uno de sus mayores escándalos por supuestos hechos de corrupción por parte de uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Pretelt Chaljub. En ese momento se planteó una reforma al interior de la Corte para fijar plazos para estudiar las tutelas y así evitar largos periodos de estudio.
En ese momento, en marzo del año pasado, la Corte informó formalmente que desde 2009 había revisado 2.601.577 expedientes, de los cuales había seleccionado 7386 y había proferido efectivamente 4681 tutelas.
En relación con los fallos de tutela que involucran grandes intereses económicos o entidades públicas, la Corte expidió 115 fallos entre 2009-2014. De ellos, 60 estuvieron relacionados con entidades públicas y 55 con privadas. De igual forma, la Corte reveló que de las 115 tutelas que involucraban grandes intereses económicos, 77 fueron negadas y 38 concedidas, también en el lapso 2009-2014.
FRENO A LAS TUTELATONES
En 2015, el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1069 del 2015 que busca poner fin a las llamadas ‘tutelatones’. La idea es que frente a un mismo caso, cuando se ponen muchas tutelas, todas puedan ser acumuladas y tramitadas por el primer juez que las conoció.
En su momento, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que cuando se dé esa acumulación de procesos en un despacho judicial, la carga laboral que tenga ese juez se deberá tener en cuenta para futuros repartos de procesos y así no congestionarlo de trabajo. En ese sentido, si llegan nuevas tutelas cuando ya se ha hecho la acumulación, no podrán ser conocidas por ese despacho a fin de no retrasar los tiempos de los trámites.
Igualmente, el Ministro explicó que el decreto no contempla sanciones para quienes promueven las llamadas ‘tutelatones’.












