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Domingo 19 de Marzo de 2017 - 11:20 AM

Óscar Naranjo: De ‘mejor Policía del mundo’ a vicepresidente

Óscar Naranjo debe ser el colombiano que mejor representa la institucionalidad. Con una imagen intacta de gran oficial de la Policía y seguro de tener el afecto y el respecto de casi todos sus compatriotas, es el indicado para enarbolar la bandera de la defensa de las entidades.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Óscar Naranjo: De ‘mejor Policía del mundo’ a vicepresidente
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

Esta semana, el general retirado de la policía llegará al alto Gobierno, cuando el Senado de la República acepte la renuncia de Germán Vargas Lleras y el Congreso en pleno lo elija como nuevo vicepresidente de la República, según la petición hecha por el primer mandatario, Juan Manuel Santos.

 Naranjo sabe que llega en un momento político muy convulsionado, por lo que es claro en su primer mensaje al país: “En momentos de confusión, de turbulencia política, el único remedio posible es apoyarse en la institucionalidad, asegurar la independencia de poderes, respetar las decisiones de las autoridades (por duras que sean), sin incurrir en linchamientos públicos o radicalismos, que al final terminan destruyendo la propia institucionalidad”. Sobre esa decisión y sobre sus tareas en la vicepresidencia, habló en esta entrevista.

 - ¿Cuáles serán sus tareas como nuevo vicepresidente de la República?

"Pues mientras doy esta entrevista soy un ciudadano común y corriente, respetuoso de que se cumplan los procedimientos para que el Congreso acepte la renuncia del vicepresidente actual y acoja mi nombre como su reemplazo, como lo ha sugerido el presidente. Pero debo decir que para esta nueva etapa el presidente de la República ha señalado cuatro grandes líneas de acción desde la vicepresidencia, para que yo asuma esas responsabilidades: la implementación de los acuerdos de paz; que la Vicepresidencia contribuya de manera decisiva en temas de seguridad ciudadana; que, como vocero de la política antidrogas, trabaje especialmente en la sustitución de cultivos, con las instituciones responsables, y asumir la responsabilidad de proteger a los líderes de derechos humanos y líderes sociales".

 - ¿Usted cree, como el Ministro de Defensa, que en los asesinatos de esos líderes sociales y defensores de derechos humanos, no se puede hablar de una sistematicidad?

"Creo que hay que superar ese debate sobre las etiquetas, de quiénes son los victimarios y cuáles eran las circunstancias y condiciones en que murieron las víctimas. Lo que vale la pena es ir un poco más allá, para que en conjunto el Gobierno, la Fuerza Pública, La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las administraciones locales generemos acciones preventivas y protectoras sobre los líderes sociales. Creo que ha habido grandes avances, pero más allá de las etiquetas tenemos que poner en marcha  mecanismos eficaces de orden preventivo, en el entendido de que estamos ante un fenómeno multicausal, porque no todas las muertes tienen el mismo origen".

 - Se va a encargar de la seguridad ciudadana en un momento en que la gente ha perdido la fe en la Policía y en la justicia. ¿Qué hacer para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones?

"Más allá de si estamos ante un problema de percepción o de realidad, los colombianos se están sintiendo inseguros y a esa inseguridad hay que responder con tres o cuatro líneas de acción muy básicas".

"Primero, es un elemento crítico acercar las autoridades a los ciudadanos, es decir recuperar la confianza en las instituciones, en la Policía Nacional, en la justicia y, en general, en la administración pública. Segundo, ¿cómo hacerlo? Abriendo la participación para que la ciudadanía organizada a través de instrumentos institucionales, como consejos de seguridad abiertos, realmente sea un insumo válido para la toma de decisiones eficaces. En tercer lugar, tenemos que hacer mucho énfasis en unos instrumentos muy poderosos de prevención que durante años estuvieron olvidados, como consecuencia del conflicto que estábamos viviendo con las guerrillas y con los grandes carteles del narcotráfico; me refiero concretamente al Código de Convivencia, o de Policía, que debe ser un generador de condiciones mínimas de seguridad. Por otro lado, la confianza se devuelve a partir de demostraciones nítidas de eficacia y de integridad de las instituciones".

 - ¿Los coletazos contra la seguridad de la gente, una vez superado el conflicto con las guerrillas, pueden ser en Colombia más duros que los que vivieron países de Centroamérica en circunstancias similares?

"No. Llevamos más de tres años, por instrucciones del presidente y del sector Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, adecuando una capacidad institucional para copar los espacios que han dejado las FARC y no permitir que esos espacios sean llenados por delincuencias comunes o crimen organizado. En ese proceso lo cierto es que la capacidad acumulada de la Fuerza Pública colombiana, que para nada se afectó en su composición, en su tamaño, en su naturaleza o en su presupuesto con la firma del proceso de paz, se pone al servicio de los colombianos, así que, ya sin conflicto con las FARC, uno pensaría que se les puede dar garantías a todos los colombianos en materia de seguridad".

 - ¿Qué opina de la carta de algunos oficiales en retiro (como es usted) que temen verse afectados con la firma del acuerdo de paz?

"Bueno, me atengo a lo contenido en el acuerdo en función de lo pactado. Hay que recordar que las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) son temporales, tienen el propósito de generar un espacio para la dejación de las armas y el inicio del proceso de reintegración de las guerrillas hacia la población civil; la aplicación de esos acuerdos para nada afectan la vigencia del Estado de Derecho. Por otro lado, uno esperaría que una vez surtida la dejación de las armas, en esas zonas bajo unas características muy especiales de monitoreo y verificación internacional, queden totalmente superadas las dificultades que ha habido o los supuestos de que allí habrá algún tipo de brote, como se ha mencionado en la carta (de los oficiales)".

 - Esas zonas están programadas para existir 180 días, pero vamos por la mitad de ese tiempo y están crudas en su construcción. ¿Es partidario de modificar ese calendario?

"No, francamente no. El Gobierno Nacional ha venido trabajando con Naciones Unidas y con las propias FARC para dar garantía de que los problemas o incumplimientos de orden logístico no afecten el cronograma de dejación de las armas. Las FARC han expresado de manera categórica que tienen la decisión de hacer dejación de las armas y de que en función de ese camino tienen interés en comenzar el camino de reintegración".

 - ¿Parte de sus nuevas tareas tendrá que ver con trazar un nuevo esquema o definir nuevas tareas para las Fuerzas Militares del Estado?

"Como dije antes, lo que haría en esa tarea de contribuir a la seguridad ciudadana será apoyarme en planes que conozco de primera mano, como el ‘Plan Victoria de las Fuerzas Militares’ y el ‘Plan Comunidades Seguras y en Paz’, que ha puesto en marcha la Policía Nacional, para atender las nuevas situaciones posacuerdo. Tengo la certeza de que esos planes corresponden a estudios serios, que se corresponden con las necesidades de las regiones y que el mando militar y policial tiene una determinación total y plena de que en este momento el control territorial integral y permanente hace parte del esfuerzo principal de la Fuerza Pública en Colombia".

 - ¿Cuando dejó el traje de Policía y se puso el de civil, pensó en ocupar el cargo de vicepresidente?

"No, el país me conoce como un servidor público muy institucional, no hice política, no haré política, no espero convertirme en político electoral. Lo que desearía es que en este año y medio, para el que el señor presidente me ha señalado esta responsabilidad, yo pueda poner mi humilde capacidad para ayudar a cerrar este conflicto de más de 52 años, aclimatar la convivencia entre nosotros, dejar atrás la violencia y superar muchos odios que todavía existen".

 - ¿No se siente cuota política de algún partido en el Gobierno, como de La U, con cuyos congresistas se reunió el martes pasado?

"No, me siento es una persona que acompaña una agenda liderada por el presidente Santos y que es una expresión de una coalición de partidos, que lo llevó a él a la primera magistratura. En ese sentido me siento parte de esa coalición, de una manera de pensar en Colombia, que tiene como fundamentos un país en paz, en equidad y con educación".

 - A propósito de otra de sus nuevas responsabilidades, ¿piensa hacer modificaciones al programa de lucha contra los cultivos ilícitos, para bajar ese alto número de hectáreas sembradas con hoja de coca?

"Es cierto que tenemos que enfrentar un desafío enorme en ese tema de lucha contra los cultivos ilícitos, pero por primera vez el Gobierno puso en marcha un plan estructural tremendamente eficaz, si lo cumplimos a cabalidad. Ese plan combina una política de sustitución de cultivos, en la que el ministro Rafael Pardo ha avanzado de manera sin precedente, al haber comprometido a cerca de 70 mil familias que hoy están dispuestas a cambiar manualmente cerca de 50 mil hectáreas de hoja de coca. Adicionalmente el Gobierno sostiene la política de erradicación forzosa manual. La meta de 50 mil hectáreas de erradicación  forzosa y la de 50 mil hectáreas de sustitución, deben ser garantía para que empiece a cambiar la tendencia de crecimiento de esos cultivos. Y el Gobierno ha dicho que intensificará, como ha intensificado en los últimos meses, las áreas de interdicción contra los precursores químicos y los propios laboratorios. Ahí hay una estrategia a la que hay que darle oportunidad, para que empiece a mostrar resultados".

 - ¿Cómo ha recibido las manifestaciones de aprecio que consideran que usted le aportará oxígeno a un Gobierno que está pasando por un mal momento?

"Cuando el país es tan generoso con Óscar Naranjo, lo que hace es un reconocimiento a la institucionalidad. Ese el mensaje: en momentos de confusión, de turbulencia política, el único remedio posible es apoyarse en la institucionalidad, asegurar la independencia de poderes, respetar las decisiones de las autoridades (por duras que sean), aceptar que cada poder público se mueve en unos términos y en unos tiempos que hay que respetar, asegurar el principio de la presunción de inocencia, asegurar el principio del debido proceso, sin incurrir en linchamientos públicos o radicalismos, que al final terminan destruyendo la propia institucionalidad".

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