La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba en contra del senador conservador Hernán Andrade desde el 2011, quien se vio vinculado con el escándalo de manejos irregulares en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Publicado por: COLPRENSA
La Sala no encontró méritos para continuar la investigación que se relacionaba con supuestas irregularidades con el predio ‘La Cabaña’ ubicado en el Huila y que se originó por una denuncia que aseguraba que supuestamente Andrade se beneficiaba con lo producido de la finca.
Al estudiar las pruebas recaudadas la Sala Penal encontró que el predio nunca pasó a ser administrado por un depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes de nombre Diego Claros Muñoz porque fue ocupado por invasores, según informe de la misma entidad.
Lea también: Suspenden a la parlamentaria Aída Merlano por presunta compra de votos
De acuerdo con la Corte, ante esta ocupación ilegal, Claros presentó el 15 de marzo de 2010 renuncia irrevocable a ser depositario de la finca.
Por eso, la Corte señaló que la denuncia entonces “es falaz pues el bien ha estado ocupado por terceros desde hace más de diez años, según las declaraciones que vertieron en esta actuación los propios invasores: Francisco y Claudia Ximena Tovar”.
Sobre otros dos bienes denominados ‘Centro Naútico’ y el ‘Hotel Alcázar’, se indicaba que el senador Andrade conocía a uno de los depositarios llamado Bladimiro Córdoba Copete.
Lea también: ¿Es posible una coalición De la Calle - Fajardo?
La Corte señaló que en efecto se conocían pero que “no hay prueba indicativa acerca de que el Senador hubiera utilizado sus influencias para contribuir en la designación de este depositario y menos aun, que las condiciones de los hoteles fueran tales, que con ello hubiera podido obtener cualquier beneficio indebido”, señala el auto.
Por otro lado, la Corte compulsó copias a la propia Corporación para que investigue a Andrade por un supuesto incremento patrimonial injustificado de 159 millones de pesos, según informe de policía judicial del 29 de febrero de 2012 en el cual se le hizo una valoración socio económica por el periodo comprendido entre julio de 2006 y diciembre de 2010.
