Una decisiva jornada judicial se vivirá este lunes en la capital del país pues tanto los primos Miguel, Manuel y Guido Nule por el 'carrusel de la contratación, como cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, por el caso Agro Ingreso Seguro, sabrán si van a prisión.

Publicado por: COLPRENSA
En el caso Nule, el juez cuarto de garantías dejó para este lunes la lectura de su decisión sobre la medida de aseguramiento argumentando la complejidad del proceso y el número de intervenciones durante la audiencia de legalización de cargos que ha tomado dos sesiones ya El fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, solicitó que la medida de aseguramiento a los Nule como a su socio Mauricio Galofre sea por 3 de los 5 delitos imputados: los delitos de cohecho, fraude y peculado por apropiación.
Este último fue el único cargo que aceparon los empresarios a quienes la Fiscalía también les imputó concierto para delinquir simple y falsedad en documento privado.
La medida de aseguramiento fue avalada por la procuradora cuarta delegada, quien señaló que debe ser en centro carcelario a la vez que pidió garantías de seguridad para que las cabezas del Grupo Nule puedan comparecer en el proceso. El fin de semana, los Nule durmieron en el Búnker de la Fiscalía.
CASO AIS
Entretanto, el juez 33 de Control de Garantías definirá este lunes desde la 8 de la mañana si dicta medida de aseguramiento intramural a los cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados en el caso de Agro Ingreso Seguro.
Se trata de Camila Reyes del Toro, Tulia Méndez, Juan Camilo Salazar y Óscar Schroeder, a quienes se les señala de haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
El juez debe decidir si acepta o no los alegatos de los defensores que, por ejemplo, en el caso de Reyes del Toro, pidieron no dictar la detención intramural ya que la mujer es madre de una niña de dos años que depende económicamente de ella.
En el caso de Salazar y Schroeder los defensores argumentaron que sus clientes no tenían la facultad de ordenar la entrega de subsidios y que no tenían la intención de afectar a los pequeños y medianos agricultores.
Entre tanto, la Procuraduría consideró que sí deben ir a la cárcel pues en su calidad de ex funcionarios no obraron en conformidad con la ley.












