Voceros estudiantiles de la Universidad Industrial de Santander, UIS, preparan un oficio con destino a la fiscala general de la Nación, Viviane Morales, para poner de presente el riesgo en que -dicen- los puede situar el anuncio que hicieron las autoridades en días pasados sobre la forma como las Farc y el Eln buscan infiltrarse en varias universidades públicas.
Publicado por: COLPRENSA
La semana pasada el director del DAS, Felipe Muñoz, señaló tras una reunión con medios de comunicación que desde una plataforma denominada 'Encapucharte' el partido comunista clandestino, PC3, y el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, creado por las Farc, coordinan esa infiltración que, al mismo tiempo, es cada vez más sofisticada.
Para la comunidad estudiantil, lo que Muñoz denominó una alerta del proselitismo político de las guerrillas no es sólo una "criminalización" de la protesta estudiantil, sino una forma de desviar la atención a la grave situación de amenazas que se vive, particularmente, en la UIS.
Para Oscary Ávila, delegado universitario en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos y miembro de la comisión permanente de Derechos Humanos 'Christian Roa' de la UIS, el anuncio de Muñoz pone "nuevamente en riesgo en nuestras vidas".
"Hay que recordar que enero del 2007 el gobierno tomó la misma postura y esas declaraciones sirvieron para que grupos ilegales declararan objetivo militar a muchas personas. Creemos que eso va a ser un aliento para que hoy las llamadas bacrim intenten incursionar a los campus universitarios tratando de hacer las operaciones limpieza", afirmó.
A pesar de que la última amenaza a estudiantes, profesores e integrantes del sindicato de trabajadores de la Universidad se presentó el pasado 26 de enero y que esta situación ya fue alertada en febrero pasado durante un encuentro de la Mesa Nacional de Garantías con las autoridades en Bogotá, los estudiantes planean entregar nueva documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la fiscal Morales.
"Lo que sorprende es que el Estado se comprometió a evitar todo tipo de declaraciones que inciten al hostigamiento y criminalicen la labor de los defensores de derechos humanos", señala Ávila.
Otro de los compromisos acordados fue hacer una comisión de seguimiento a las 7 investigaciones que cursan en la Fiscalía sobre las amenazas paramilitares en la UIS.
