El exbanquero de Wall Street y flautista del Royal College of Music, Pedro Pablo Kuczynski deberá entonar una melodía que logre consensos en un país que ha quedado dividido entre fujimoristas y antifujimoristas.
Publicado por: AFP
Como exministro de Economía sabe que deberá tender puentes con el fujimorismo, que controla 73 de los 130 escaños del Congreso, en el cual su partido tiene solo 18 representantes.
Kuczynski también deberá tender lazos con el izquierdista Frente Amplio, que lo apoyó en la segunda vuelta.
Como presidente, deberá ser capaz de conciliar a la ciudadanía en un objetivo común de desarrollo. Eso implica también moderar su imagen de “gringo” y sintonizar mejor con las clases populares.
Un 70% de los peruanos considera que la seguridad ciudadana es el mayor problema. Crimen organizado, bandas de narcotraficantes, asaltos con violencia y muerte y acciones de sicarios son habituales.
PPK sugiere fortalecer a la Policía, reforzar la seguridad en las cárceles -desde donde operan bandas que dan órdenes por teléfono- además de generar empleo para los presidiarios.
Situación de la Economía
Tras superar dos décadas de guerra interna, Perú se convirtió en la estrella de la región y pese a la crisis económica mundial, crece más que la mayoría de sus pares. PPK planea reducir progresivamente el impuesto a las ventas de 18% a 15%, para estimular el consumo.
En Perú, importante productor mundial de oro, plata y cobre, hay una decena de proyectos clave parados o bloqueados, en muchos casos por conflictos socioambientales. Pobladores temen la contaminación de su entorno y se quejan porque la inversión no los favorece.
Tema aparte es la minería artesanal, que ha depredado la Amazonía y contaminado con mercurio a poblaciones y ríos.
El presidente electo del país andino apuesta por formalizar su actividad evitando daños al medio ambiente.
En Perú, un 70% del empleo es informal, sin que el trabajador tenga acceso a la totalidad de sus derechos laborales. Kuczynski promueve una revolución del crédito bancario. Pasar del 35% del PIB actual al 60%, para que las pequeñas empresas tengan acceso a financiamiento y puedan formalizar su actividad.
