Hace apenas unos días recorríamos la provincia de Soto Norte en el marco de los nodos territoriales de la Agenda Estratégica del Agua. Fue una jornada intensa de conversación con comunidades, productores, líderes locales y distintos actores del territorio. Más allá de las diferencias, hubo un mensaje que se repitió constantemente y que merece ser escuchado con atención: en Soto Norte sienten que el país habla mucho sobre ellos, pero pocas veces habla con ellos.
Durante años, Santurbán y Soto Norte han sido analizados principalmente desde Bucaramanga y Bogotá desde la lógica del conflicto ambiental. Sin embargo, el territorio tiene una realidad social, económica y humana que no puede seguir siendo ignorada. Allí viven familias, comerciantes, campesinos, pequeños productores y trabajadores que dependen de la estabilidad de la región para construir su proyecto de vida.
La protección del agua es una prioridad indiscutible. Pero proteger el recurso hídrico no puede traducirse automáticamente en la estigmatización de quienes históricamente han habitado y trabajado en el territorio. De hecho, pocas personas entienden mejor el valor estratégico del agua como quienes viven donde se produce.
En la provincia existe una preocupación creciente por el impacto que ciertas decisiones regulatorias pueden tener sobre la estabilidad económica y social de las comunidades. La incertidumbre jurídica afecta a los grandes proyectos y también a pequeños negocios, productores agropecuarios y familias enteras que sienten que el Estado aparece principalmente para restringir actividades, pero no para acompañar procesos de transformación productiva o fortalecimiento territorial.
Ese sentimiento se agrava por la profunda desconfianza institucional que existe en la región. Muchas comunidades sienten que durante años han escuchado promesas, acuerdos y compromisos que nunca se materializaron.
Resulta llamativo, además, que algunos sectores ambientalistas que participan activamente en el debate nacional pocas veces estén presentes en los espacios de diálogo territorial donde las comunidades expresan su voluntad de construir soluciones conjuntas. Porque la realidad es que sí existe disposición por parte de actores mineros y agropecuarios para avanzar en mejores prácticas ambientales, procesos de formalización y mecanismos de mitigación de impactos.
La discusión de fondo no debería reducirse a un falso dilema entre agua y desarrollo. El verdadero desafío consiste en construir modelos de desarrollo compatibles con la protección hídrica y con la permanencia digna de la población en el territorio.
Difícilmente habrá conservación sostenible si las comunidades sienten abandono, persecución o exclusión. Proteger las fuentes hídricas también implica proteger el tejido social, económico y cultural de los territorios donde nace el agua.
El futuro de Soto Norte dependerá de nuestra capacidad de construir confianza, reglas claras y una visión de desarrollo donde la conservación y la actividad económica responsable puedan coexistir. Porque al final, la pregunta sigue siendo inevitable. ¿Quién cuida a los que cuidan el agua?
