Hay funcionarios que mandan y funcionarios a los que se obedece. No siempre son los mismos; esa distancia (la que separa el poder de la autoridad) explica buena parte de lo que funciona y lo que no funciona en la administración pública colombiana.
El poder es la capacidad de firmar, contratar, sancionar, nombrar, remover; se recibe con la posesión del cargo y se pierde con él. La autoridad es otra cosa; es el reconocimiento que los demás le otorgan a quien ejerce el poder, no viene en el acta de posesión, se construye y se acumula lentamente.
La Constitución hace la distinción con más precisión de la que solemos recordar. El artículo 3 señala que la soberanía reside en el pueblo, “del cual emana el poder público”: el poder es prestado, no propio. El artículo 121 cierra el círculo: ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley; y el artículo 6 hace responsables a los servidores públicos por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Extralimitación es exactamente el concepto que describe el momento en que el poder se sale del cauce de la autoridad.
Un gobernante con autoridad logra que las cosas ocurran porque la gente coopera; uno que solo tiene poder necesita interventores, sanciones, requerimientos y, al final, abogados.
La autoridad se pierde justo cuando hay que argumentar o coaccionar para sostenerla. Quien tiene que recordar todos los días que manda, ya dejó de mandar.
Un presidente concentra en el artículo 189 de la Constitución la jefatura del Estado, la del Gobierno y la suprema autoridad administrativa: nombra ministros, reglamenta las leyes, dirige las relaciones internacionales y comanda la fuerza pública; y aun así puede ver cómo su reforma más importante se hunde en el Congreso, cómo un decreto suyo se archiva en el escritorio de un funcionario, o cómo una orden se cumple en el papel y no en el territorio.
Al revés también ocurre: hay liderazgos gremiales, académicos y sociales sin un solo cargo público que mueven agendas que la institucionalidad, con todo su poder, no logra mover.
¿De dónde sale, entonces, la autoridad? De tres cosas modestas y difíciles. De la coherencia (hacer lo que se anunció), de la competencia (saber del asunto que se administra) y de la imparcialidad (aplicar la misma regla al amigo y al adversario).
Por eso conviene ser exigentes con lo que le pedimos a quien elegimos. El poder se lo entregamos nosotros el día de la votación, la autoridad tiene que ganársela después, todos los días, y nadie puede creer que la tiene por una elección.
Al final la diferencia se mide en algo muy simple: qué queda cuando el cargo se acaba. El poder se devuelve el último día del período, íntegro, sin descuentos, porque nunca fue propio. La autoridad no se devuelve, porque tampoco se recibió, se construyó, y se la lleva puesta. Necesitamos una Colombia con más autoridad y menos poder.
