…porque o odiará al uno y amará al otro, o preferirá al uno y despreciará al otro.” (Mateo 6,24). Ahora que el presidente electo ya no es ateo y se convirtió en cristiano practicante, debería seguir este consejo de Jesús para decidir si renuncia o no a su condición de ciudadano de Estados Unidos.
No estoy de acuerdo con quienes dicen que el presidente de Colombia no puede tener doble o triple nacionalidad y que por lo tanto se debe desconocer su elección. No hay nada en nuestra Constitución que lo prohíba.
El debate no es jurídico sino político y ético; además, no existe con otras nacionalidades como la italiana, sino con la de EE.UU y no por las leyes de ese país sino por el juramento que debe hacer quien adquiere esa ciudadanía, que dice así:
“Declaro, bajo juramento, que renuncio absolutamente y por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera del cual haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, externos e internos…”
La médula del problema son los conflictos de intereses que va a enfrentar quien el 7 de agosto debe jurar que va a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188), pero que también ha jurado renunciar a toda lealtad distinta a la de su país adoptivo. Eso es querer servir a dos señores.
Algunos ejemplos estos conflictos. Frente a las acciones oficiales que violan los derechos humanos de los colombianos en E.UU., llegando hasta el asesinato de un inmigrante legal, ¿el presidente defenderá a sus compatriotas o primará su lealtad a las leyes extranjeras?
Frente a la política comercial de Washington que ha recurrido a aranceles unilaterales como herramienta de presión geopolítica, y que podría llegar a plantear la renegociación del TLC, ¿el presidente negociaría como jefe de estado que protege a los productores nacionales, o como ciudadano de un país que juró defender.
Un eventual problema provendría de las revelaciones periodísticas sobre el pasado profesional del presidente electo. Si un ciudadano estadounidense es investigado por presuntos vínculos con lavado de dinero o por haber representado a clientes vinculados al crimen organizado, enfrenta la jurisdicción plena del sistema federal y no puede alegar inmunidad diplomática frente a su propio país.
El presidente no está obligado a renunciar a la ciudadanía norteamericana, ni el tenerla hace ilegítima su elección, pero si le conviene hacerlo para su propio beneficio y el del país, pues se eliminarían los inevitables conflictos de interés que tendrá que enfrentar si no lo hace, y desaparecería la sospecha de que sus decisiones estén guiadas por la lealtad a los Estados Unidos. La doble nacionalidad no es ilegal, pero ignorar sus implicaciones políticas sería, sin duda, un error.
