En la columna anterior advertimos que la “democracia” había sido vaciada de contenido y que lo que hoy se dice de ella no es lo que realmente es: “un método institucional de decisión colectiva”, bajo el entendido de que él no es una simple imposición de voluntades de la mayoría circunstancial, sino el respeto estricto de los procedimientos constitucionales y la salvaguarda de los derechos de las minorías. Toca entonces responder la pregunta que dejamos pendiente: ¿cómo recuperar ese concepto de la banalización a que ha sido sometida?
El primer pilar es entender que la democracia no es una panacea social. Su salvación exige comprender que la adopción de decisiones colectivas implica una profunda educación constitucional y cívica. Educación que busque dotar al ciudadano de capacidad analítica suficiente para distinguir entre las reglas constitucionales y los procedimentales legales, con los derechos que ellas contienen y los resultados de la acción gubernamental. Así podrá diferenciar entre lo que es democracia y lo que es justicia social.
Un ciudadano formado distingue entre un debate racional y deliberativo y aquel polarizante emocional de las plazas públicas y redes sociales, que solo sirve para manipularlo y convertirlo en un simple consumidor de eslóganes de populistas mesiánicos de izquierda y de derecha, con lo cual pierde la capacidad de identificar con precisión los verdaderos riesgos institucionales: fraude electoral, captura de la justicia, de los organismos de control, censura y concentración del poder.
El segundo pilar de rescate exige una reforma radical de los partidos políticos, hoy degradados a maquinarias electorales al servicio de caudillos, que han fracasado en la función de articular los intereses colectivos y seleccionar cuadros competentes de liderazgo político. Para sanearlos se requieren elecciones primarias internas competitivas y transparentes, capaces de erradicar los centros de poder oligárquicos regionales.
Para encarar este problema que vivimos, resulta pertinente recordar cómo los atenienses protegían su democracia para evitar que los líderes carismáticos (hoy populistas) acumularan demasiado poder o que los ricos compraran influencia. Para ello diseñaron un sistema muy ingenioso que se sostenía en dos pilares: “el sorteo”, utilizado para dar oportunidades a todos de aspirar a los cargos públicos, por tener las mismas posibilidades de gobernar; y el “ostracismo”, que era un concurso de popularidad negativo, que no era juicio ni condena, sino que simplemente se le obligaba a marcharse del territorio de la polis por diez años, a fin de enfriar su influencia política. Con lo cual surgían nuevos liderazgos acordes con los intereses ciudadanos.
Qué bien cabría aplicar en Colombia el ostracismo a tanto político corrupto e incapaz que han llegado al Congreso y a las corporaciones públicas; habría espacio para una mejor representación y mejores gerentes de lo público.
