No se entiende cómo los ciudadanos aún tienen que ver a los delincuentes recuperar su libertad por errores en los procedimientos, especialmente en aquellos que tienen que ver con la captura en flagrancia.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Hace ya seis años se adoptó en Bucaramanga el Sistema Penal Acusatorio. Ha sido un tiempo suficiente para que abogados, operadores de justicia y todos aquellos que intervienen en un proceso penal entiendan la filosofía de este sistema, que está sustentado en procedimientos expeditos que permitan tener una justicia más rápida y eficaz.
Por esa razón, no se entiende cómo, después de tanto tiempo, aún los ciudadanos tienen que ver a los delincuentes recuperar su libertad por errores en los procedimientos, especialmente en aquellos que tienen que ver con la captura en flagrancia.
Se ha vuelto un fenómeno de común ocurrencia, y no excepcional como debiera ser, que los jueces de garantías otorguen la libertad a los capturados, porque se ha violado alguno de los parámetros dispuestos para formalizar la captura. Por supuesto que se entiende que existan procedimientos que deben acatarse para hacer cumplir el derecho constitucional al debido proceso, que ampara a todos los ciudadanos sin importar su condición, pero lo que no se entiende es que a veces estos procedimientos prevalezcan sobre los derechos de las víctimas a una justicia eficaz y efectiva. Víctimas que inermes ven cómo su victimario recupera su libertad, mientras ellos quedan desprotegidos y con el miedo a que el denunciado tome represalias.
Es el caso, por ejemplo, ocurrido en días anteriores, cuando tres personas fueron capturadas en flagrancia mientras robaban varias cantinas de leche, en un hecho que se venía repitiendo desde hace rato. Los implicados esperaban que el carrotanque lleno de leche saliera de la finca y a mitad de la vía pública extraían el líquido, reemplazando la leche por agua. Tres personajes, uno de ellos menor, fueron capturados en flagrancia, ante la denuncia de los ciudadanos. Pero algunas horas después, los capturados fueron dejados en libertad, porque un juez de garantías consideró que no habían sido puestos a disposición de la Fiscalía de "manera inmediata", como dice la norma, sino unas horas después. Lo que no tuvo en cuenta quien otorgó la libertad es que ese tiempo se requirió para entregar al menor capturado a la autoridad competente de manera prioritaria y realizar una serie de pruebas al líquido para comprobar su alteración, gestión necesaria para comprobar uno de los ilícitos, consistente en el delito de corrupción de alimentos.
Primó entonces el texto de la norma sobre los hechos que constituyeron el delito. Y hoy quienes hurtaron la leche y además la adulteraron están libres.
Hechos como éstos hacen que la ciudadanía pierda su confianza en la justicia y sienta que no vale la pena denunciar, por cuanto se encuentra frente a un sistema que no reclama sus derechos de víctimas, las deja desprotegidas y enfrentadas a una posible impunidad, así como a una indeseada represalia.
