Lo que hace la Reforma Judicial no es adecuar el Estado al giro de los tiempos, es mutilarle su filosofía y sus atribuciones básicas. El resto es locuacidad para justificar lo injustificable pues los particulares no tienen poder, ni autoridad.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
En los medios de comunicación mucho se ha comentado y criticado el proyecto de Reforma Judicial que cursa en el Congreso de la República. De ella, hoy pocos son los colombianos que a cabalidad saben cuál es su actual contenido pues por la presión ejercida por distintos sectores interesados, ha sufrido más cambios de los que fuera de desear.
Más hay en su articulado algo que sigue allí, pese a las modificaciones que ha sufrido: el delegar en particulares la administración de Justicia para ciertos rangos de conflictos.
Tal propuesta se fundamenta en la molestia generalizada que hay por el lento caminar de la Justicia Ordinaria. Pero en aras de solucionar ello, es mucho y de gran calado lo que se lesionan los principios y la filosofía del Estado al tomar tal decisión, la que es insensata pues atenta contra la majestad del Estado y los cimientos de su poder.
La función de administrar Justicia que tiene el Estado es indelegable. Mas lo propuesto socava lo expresado.
En cabeza del Estado está el poder, ese que los romanos llamaban el dominium, el imperium y, además, la autoridad, la auctoritas. El poder es una cuestión de hecho que implica el empleo de la fuerza, la autoridad es una cuestión de orden moral pues es la facultad atribuida a una persona para hacer una cosa; equivale a “poder legítimo”, supone el derecho en quien la ejerce y la obligación en los que están sometidos a ella.
De la conjunción de poder y autoridad en cabeza del Estado surgen las ideas de poder público y autoridad política, es decir, el conjunto de atribuciones morales y físicas que tiene el Estado para orientar, administrar y dirigir la actividad de la colectividad. Tal poder está únicamente en sus manos y es soberano.
Una de las atribuciones que como poder público y autoridad política tiene el Estado y es indelegable es la de administrar Justicia, función que está depositada solo en sus manos para que las libertades ciudadanas no corran riesgo. Al renunciar a ella, abdica a algo de su esencia. Así fue edificada la teoría y la concepción liberal del Estado por la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y por la obra de Montesquieu, que son las bases de la estructura del Estado moderno.
En ese orden de ideas, lo que hace la Reforma Judicial no es adecuar el Estado al giro de los tiempos, es mutilarle su filosofía y sus atribuciones básicas. El resto es locuacidad para justificar lo injustificable pues los particulares no tienen poder, ni autoridad.
