Publicado por: Editorial
No hay nada más desestabilizante para una democracia que la duda sembrada desde la cúspide del poder, y eso es lo que el presidente Gustavo Petro acaba de hacer al declarar que, como máxima autoridad administrativa de la Nación, solo reconocerá el resultado electoral una vez se produzca el acta final del escrutinio oficial. Con esta afirmación, no solo renovó sus críticas al sistema electoral que viene haciendo desde hace años, sino que dejó una sombra de duda sobre los resultados del preconteo del pasado domingo 31 de mayo.
Tiene razón el mandatario en que el preconteo no tiene fuerza vinculante, pues su única función es informar a la ciudadanía el resultado de la votación mientras comienzan y se desarrollan los escrutinios que duran varios días, incluyen representantes institucionales y jueces de la República, y solo al final de un exhaustivo protocolo producen las actas definitivas que sí son vinculantes. Pero, así como aquello es cierto, también lo es que resulta claramente improcedente e imprudente para la misma transparencia del proceso que quien ejerce como presidente de la República anuncie que esperará a esas actas para reconocer el resultado.
De esta especie de peripecia política lo que resulta es que lo que la ley dispone de oficio, sin necesidad de pronunciamiento presidencial alguno, el mandatario lo convierte en un señalamiento de desconfianza prejuiciosa, y el efecto inmediato es la desconfianza sobre el trabajo que recién comienzan a desarrollar los escrutadores, las comisiones y los jueces. ¿Por qué anticipar sospechas el mismo domingo de elecciones, cuando el procedimiento legal ni siquiera había comenzado?
La poca pertinencia de la declaración presidencial extiende sus negativos efectos hacia la campaña de segunda vuelta, que dispone de solo tres semanas para que los candidatos expongan sus propuestas y convenzan a los ciudadanos, pero varios días de ese corto tiempo deberán transcurrir simultáneamente con las glosas, los reparos y las sospechas que el propio presidente ha sembrado sobre el escrutinio de primera vuelta.
Nadie gana en medio de esta circunstancia que se ha creado: ni el mismo presidente, que necesita legitimidad para gobernar; ni los candidatos aún en contienda, que ven cómo el terreno electoral se vuelve aún más resbaloso y lleno de trampas retóricas; no gana la ciudadanía, que merece certezas y no suspicacias anticipadas; y, desde luego, no gana la democracia.
La realización del escrutinio es un paso legal que se da oficiosamente, que corresponde al trámite establecido en la ley y no necesita que ningún candidato, ningún ciudadano y, mucho menos, el presidente expresen dudas antes de que ese paso se haya dado. El procedimiento está diseñado precisamente para que las dudas se resuelvan dentro del proceso, con testigos, con pruebas, con representantes y con jueces.
Reconocer el resultado como oficial únicamente cuando se produzca el pronunciamiento de las comisiones escrutadoras es simple y llanamente lo que manda la ley; es cumplir con lo que a la letra exige el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el pronunciamiento presidencial resulta completamente improcedente, en tanto no añade nada a la legalidad, pero le resta todo a la confianza pública.
Lo que Colombia necesita en estos días no es que se expresen reservas sobre el conteo oficial que está en proceso; al contrario, lo que necesita es un ambiente general que garantice la calma, que defienda las instituciones y que espere, como lo dispone la ley, a que los jueces y los escrutadores hagan su trabajo.
Si el presidente tiene pruebas de irregularidades, tiene todo el espacio y el fundamento legal para presentarlas ante las comisiones escrutadoras, entre las que hay jueces de la República. Si no las tiene, su declaración es apenas un ruido innecesario que confunde a la opinión pública, y la democracia no se defiende con sombras preventivas, sino con luces procesales, y, en este caso, la única luz válida es la del escrutinio oficial.
