El caso de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pone en evidencia ese drama nacional que es la corrupción. Se creó el 3 de noviembre de 2011 como una entidad estatal del orden nacional con autonomía presupuestal y administrativa y se anunció que era la tabla de salvación anhelada para desterrar la corrupción en el suministro de bienes y servicios a las cárceles. Por la autonomía de que se le dotó, el Ministerio de Justicia solo puede acompañarla, no incidir, ni controlar sus decisiones contractuales y administrativas. En los 6 años de vida contractual y administrativa que lleva ha hecho una baja ejecución de los contratos celebrados, ha suscrito contratos de construcción de obra pese a no haber diseños definitivos, ha entregado anticipos sin respaldo, ha pagado millonarias sumas de dinero por estudios y diseños para la construcción de centros penitenciarios y ellos no se han usado por falta de presupuesto para ejecutar dichas obras, ha pagado obras inconclusas, ha contratado con millonarios sobrecostos, abre licitaciones con pliegos de condiciones “dirigidos”. ¿Cuál ha sido la razón del ruidoso fracaso de tal entidad estatal, esa que se proclamó cumpliría eficientemente las funciones de administración y manejo de las cárceles? Esa aguda enfermedad que sufre nuestro Estado en sus niveles nacional, departamental y municipal: la corrupción, el haber vuelto tal entidad fortín político, el entregar su manejo a congresistas que la tomaron para sí como si fuera parte de su haber patrimonial. A la Uspec se le han destinado durante 6 años multimillonarios recursos y el uso que ha dado a ellos llama a escándalo. Mientras cualquier pequeño gasto que hace una entidad estatal debe pasar por ene número de filtros administrativos y vistos buenos de entidades de control, en un caso como el de la Uspec, con cientos de miles de millones de pesos se hacen fiestas y ningún freno opera. Ahora el país vive la segunda parte de todo proceder corrupto: todos los involucrados se lavan las manos y gritan “yo no fui”. No fueron los directivos de la Uspec, ni el congresista que los recomendó, ni los contratistas, ni quienes controlan el gasto, nadie. Entre tanto, el dinero que pagan por impuestos los colombianos se esfuma y los gobiernos recurren a la fórmula más fácil: aumentar los tributos.