El Comité Transparencia por Santander prendió las alarmas por las constantes quejas de oferentes sobre probables direccionamientos en el contrato de vigilancia de la Gobernación.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
El Comité de Transparencia por Santander denunció una serie de presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública GR-LP-16-02, con el cual la administración Tavera pretende contratar el servicio de vigilancia en la Gobernación de Santander.
Según el Comité, las quejas más frecuentes se presentan por los “peculiares requisitos” en el pliego de condiciones definitivo que formuló la Secretaría General de la Gobernación, para un contrato que tiene una valor de $3.539 millones, con un plazo de ejecución de 9 meses.
Calificación de domicilio
Dentro de estos, hay una calificación de 10 puntos al oferente que certifique que su sede o filial está radicada en el área metropolitana de Bucaramanga.
Según la veeduría, el tener o no la sede en el área metropolitana no es relevante dentro del contrato, teniendo en cuenta que la ejecución del mismo será en una sede fija.
“El contrato se ejecutará en una sede de la Gobernación, el tener el domicilio en el área metropolitana no aporta nada en el contrato, por eso, ese requisito no se debería calificar”, pidió María Julian Acebedo, vocera del Comité de Transparencia por Santander.
Asimismo, Acebedo recordó que los entes de control ya han sancionado a funcionarios por restringir el domicilio de los oferentes a ciertos lugares.
Experiencia desajustada
Otro de los requisitos que llama la atención de la veeduría, tiene que ver con la experiencia exigida para los representantes legales y el coordinador del contrato, donde tienen que ser oficial o suboficial retirado de las Fuerzas Militares, para poder obtener el mayor puntaje.
“Es un requisito que es muy importante, pero esa condición la puede ejecutar cualquier funcionario que esté al frente del contrato a firmar y no solo el representante legal o el coordinador”, agregó Acebedo.
Sin publicación
El tercer punto tiene que ver con la falta de gestión por parte de la Gobernación para publicar en el Secop las distintas observaciones que le han venido haciendo a la licitación.
“No publican las observaciones que han venido haciendo los interesados en el proceso, lo que hacen es publicar unos resúmenes generalas de las observaciones, lo que claramente está en contra de los principios de publicidad en el Secop, por eso le pedimos al gobierno que publique los documentos en su totalidad”, expuso María Juliana Acebedo.
Al cierre de esta edición, la Secretaría General no había publicado aún las observaciones realizadas por los distintos consorcios interesados en participar en el proceso.
El próximo 23 de febrero será el cierre del mismo.
El valor agregado
En la sesión de análisis de riesgos sobre la licitación GR-LP-16-02, los funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación argumentaron que tanto la solicitud de la experiencia al representante legal y el coordinador, así como la residencia del oferente, son valores agregados para tener al “mejor” oferente al final del proceso.
“En el marco de selección objetiva, proporcional y razonabl, se debe determinar qué criterios hacen una oferta más favorable dentro del gran número de oferentes que pueden participar; la administración establece unos requisitos objetivos que en el momento de la evaluación termine escogiendo una sola oferta”, explicaron los funcionarios de la Gobernación.
