Para la Procuraduría Hugo Aguilar habría violado el deber de buena conducta, al afirmar que carecía de capacidad económica para asumir una multa de $6.337 millones.
Publicado por: REDACCIÓN VANGUARDIA LIBERAL
La Procuraduría General de la Nación pedirá que se revoque la libertad condicional del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, condenado a 9 años de prisión por vínculos con grupos paramilitares y en libertad desde el 5 de mayo de 2015, por considerar que violó el deber de buena conducta, al afirmar que carecía de capacidad económica para asumir la multa de $6.337 millones 125. mil a la que fue condenado para reparar a las víctimas, cuando no era esta su situación real. La solicitud se radicó el pasado 6 de abril y llegó al juzgado esta semana.
Al imponerse la sanción, Aguilar Naranjo afirmó ante la Justicia que su supervivencia dependía de una modesta pensión de policía, razón por la cual se le concedió el beneficio de un pago mensual de $500.000, dada su precaria situación económica.
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No obstante, hace unas semanas el país conoció que Aguilar Naranjo importó un Porsche Boxter, por valor superior a los $300 millones, el 17 de julio de 2015, a solo dos meses de quedar en libertad condicional.
Unos meses después, el vehículo aparece traspasado a Yeison Albeiro Sáenz Plazas, que según publicó el periodista Daniel Coronell, carecería de los medios económicos para hacer tal compra, pues incluso ha sido beneficiario de los subsidios rurales del Estado. El vehículo, según se dio a conocer en redes sociales, sigue siendo usado por Aguilar Naranjo.
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Además, a pesar de que Aguilar Naranjo disolvió la sociedad conyugal con su esposa Mónica María Barrera Carreño, diversas fuentes han confirmado que mantienen su convivencia y que los bienes de Barrera Carreño superan los $10 mil millones.
Por esta razón, la Procuraduría considera que Aguilar Naranjo habría inducido a error al operador administrativo, al afirmar su total carencia de medios para evadir el cumplimiento de la multa impuesta, lo que es contrario a la buena conducta que se exige para otorgar el beneficio de la libertad condicional.
