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Viernes 21 de Julio de 2017 - 12:01 AM

Objeciones a beneficios para pensionados llegarán a la Corte Constitucional

A pesar de que el Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley que establecía una rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los más de dos millones de pensionados en el país, aún queda un largo trecho jurídico antes de que la iniciativa sea archivada del todo.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
A pesar de las protestas de los pensionados en todo el país, el Gobierno Nacional argumentó razones de inconstitucionalidad.
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

La iniciativa, que pasó a sanción presidencial pero fue objetada y regresó al Congreso de la República, fusionó en un solo texto el articulado que presentó el Gobierno Nacional y dos proyectos más de origen parlamentario.

Cuando el proyecto entró a cuarto debate en la Cámara de Representantes, la plenaria de la corporación incluyó el beneficio para todos los pensionados. Por ello, el Ministro de Hacienda había advertido desde hace más de un mes que de aprobarse ese descuento para todos los pensionados, el Ejecutivo objetaría la propuesta.

La rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89 % del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

La objeción

A pesar de las marchas de protesta de los pensionados en todo el país, el Gobierno Nacional argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para objetar esta iniciativa, pues dice que lo que se busca es proteger a los 4,4 millones de afiliados al sistema pensional.

Entre los vicios de inconstitucionalidad, la Administración argumenta que a la propuesta no le dio el trámite legislativo correspondiente, ni hubo conciliación entre Cámara y Senado, además de que no contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

También sostiene que se trata de una norma regresiva, pues afecta los ingresos fiscales para el sistema pensional al privarlo de los recursos para financiar el sistema general de seguridad social.

Y en cuanto a las objeciones de inconveniencia, dice el Gobierno que el impacto fiscal es superior a los 3,7 billones de pesos entre 2017 y 2022.

La salida

En cuanto a las razones de constitucionalidad, el texto llegará a la Corte Constitucional, corporación que tomará la última palabra.

“La salida es que el Congreso estudie las objeciones del Presidente, y si lo considera acepte que el beneficio sea solo para quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, que son el 89 % del total de pensionados. El 11 % restante es de quienes tienen pensiones altas”, explica la legisladora.

Es decir, que a las objeciones de inconveniencia fiscal el Congreso le puede buscar una solución al tema, pero si no las acepta, la última palabra la tiene la Corte Constitucional que si le da la razón al Congreso obliga al Gobierno a sancionar la ley, y aún así el Presidente de la República se niega a hacerlo la sanción puede hacerla la mesa directiva del Congreso de la República.

“Es muy lamentable que otra de las promesas que hizo el presidente Juan Manuel Santos en campaña no la cumpla. Lo cierto es que hay una realidad fiscal y es que solo 11 % de los 2,3 millones de pensionados, 89 % gana cuatro salarios. Los demás son de pensiones altas. Aquí lo que queda es una lección para todos los políticos: no prometan lo que no pueden cumplir”, concluye la representante Lozano.

Rechazo del Partido Liberal

De otra parte, en un comunicado, el Partido Liberal anunció que rechazará las objeciones del Gobierno al proyecto de ley 062 de 2015.

“Las razones de peso y argumentos ampliamente debatidos durante el trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República no fueron acogidas por el Gobierno, en cabeza del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda”, dice el comunicado.

Agrega que durante el largo proceso legislativo “se expusieron numerosos argumentos para justificar su contenido desde el punto de vista de la equidad y de lo jurídico. Su sanción tenía razones de justicia social y cumplía con el mandato de la Constitución de 1991”.

La comunicación, que lleva las firmas de los copresidentes liberales Horacio Serpa Uribe y Alejandro Carlos Chacón, les pide a sus bancadas “no aceptar las objeciones presidenciales”.

Y concluye que: “El Partido Liberal siempre ha luchado por los derechos de los pensionados de Colombia, generaciones de ciudadanos que contribuyeron con su esfuerzo a la construcción del país y del Estado Social de Derecho que nos preciamos defender”.

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