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Sábado 02 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

Inhabilitan por 11 años a exalcalde de Bucaramanga Fernando Vargas

Fallo en segunda instancia de la Procuraduría General confirmó la sanción contra el exalcalde Fernando Vargas y de paso opaca sus aspiraciones a la Gobernación en el 2019.
Archivo. / VANGUARDIA LIBERAL.
El exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, fue nuevamente sancionado por la Procuraduría General, esta vez, por las irregularidades en la contratación del Parque Extremo.
(Foto: Archivo. / VANGUARDIA LIBERAL.)

La Procuraduría General en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años contra el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades en la construcción del Parque Extremo en la comuna 9 de Bucaramanga.

De acuerdo a la investigación del ente de control disciplinario, una vez se inició la obra en su primera fase el exmandatario de los bumangueses y el secretario de Infraestructura de la época, Álvaro Ramírez Herrera, modificaron sin ninguna justificación el objeto del contrato para construir un parque de deportes extremos sin tener los estudios técnicos y económicos requeridos.

Según la Procuraduría, la obra tuvo sobrecostos en su construcción por más de $3.500 millones, situación que conllevó a la firma de un nuevo contrato para subsanar esos valores extras.

“El Ministerio Público estableció que en ese nuevo parque invirtieron cerca de 7 mil millones de pesos, cuando la obra inicial estaba presupuestada en $3.500 millones, razón que llevó a los exfuncionarios a firmar un nuevo contrato para cubrir el monto total de la construcción”, dicta la Procuraduría.

La decisión también cobijó al exsecretario de Infraestructura municipal Álvaro Ramírez Herrera, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años.

Aspiraciones empañadas

Para algunos expertos consultados por esta Redacción, el nuevo fallo de la Procuraduría acaba las posibles aspiraciones que contemplaba el exalcalde para llegar a la Gobernación de Santander en las elecciones del 2019.

“Desde hoy comienza a regir esa sanción de 11 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, es decir que al señor Fernando Vargas le tocaría aplazar sus aspiraciones de llegar a la Gobernación si así lo estaba contemplando, por lo menos tres periodos más”, concluyó un abogado administrativista.

Vargas Mendoza ya había comenzado reaparecer en la arena pública exponiéndole a su círculo más cercano sus aspiraciones de llegar a la Gobernación de Santander en el 2019, llevando las banderas del Partido Liberal.

“Aún falta mucho tiempo pero él (Fernando Vargas), ya estaba tanteando el terreno en varios eventos públicos para ir mirando si su propuesta y su nombre eran bien recibidos para ser el próximo Gobernador”, señaló una fuente Liberal cercana al exalcalde.

Del mismo modo, la negativa del Gobierno Nacional para sancionar las reformas al Código Disciplinario, proyecto de ley que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso, le complica aún más el panorama electoral a Vargas Mendoza para el 2019.

“En un caso hipotético de que la reforma al Código entrara en vigencia hoy, solo le reduciría a la mitad la sanción de Vargas Mendoza, siempre y cuando la falta haya sido calificada como gravísimas a título de culpa”, agregó un abogado administrativo.

Vanguardia Liberal pudo concoer que Vargas Mendoza ya fue notificado de este nuevo fallo y pedirá revisión del mismo ante el Consejo de Estado.

La sanción anterior

Fernando Vargas, exmandatario de los bumangueses, ya había sido sancionado en agosto del 2011 con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.

En esa oportunidad, la Procuraduría General condenó a Vargas Mendoza por incurrir en una falta disciplinaria al celebrar de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, por valor aproximado de $900 millones.

Por tal motivo, Vargas tuvo que dejar su cargo como Alcalde de Bucaramanga varios meses antes de cumplir su periodo. Este proceso se encuentra en revisión por parte del Consejo de Estado.

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