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Jueves 24 de Noviembre de 2011 - 12:01 AM

Las comunidades se unen en contra de proyectos de minería

Algunos miembros del Comité para la Defe nsa del Páramo de Santurbán, hicieron presencia en San Gil, donde se reunieron con integrantes de la Organización Campesina El Común, la Red de Justicia Comunitaria y estudiantes universitarios, para concientizarlos sobre los peligros que acarrea los proyectos mineros de las multinacionales en el territorio nacional.
Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL
Las comunidades se unen en contra de proyectos de minería
(Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Uno de los miembros de este comité, Mauricio Meza Blanco, dijo que hicieron este encuentro en el municipio porque se sabe que en la Provincia guanentina hay proyectos de concesiones mineras con empresas de Brasil, que están detrás de los recursos naturales de la región y que la comunidad tiene derecho a saberlo.

“La idea es que con los campesinos, que son los primeros afectados, y con los estudiantes universitarios que hoy hicieron participaron, nos unamos para hacer veedurías ambientales que vigilen la conservaciones de los recursos naturales, no sólo de la provincia sino también de Santander y el país”, expresó.

Entre los temas que se trataron estuvieron las modificaciones al código minero y las intenciones de las multinacionales al entrar a los diferentes puntos del territorio nacional, además de las consecuencias que esta situación conlleva.

El representante del comité indicó que existe un problema grave, refiriéndose a la enajenación de los predios donde se realizan estos proyectos mineros, y citó ejemplos como el caso de Hidrosogamoso y las minas del Cesar, lugares donde las grandes empresas extranjeras se apropian de las tierras por una concesión que otorga el código minero, volviéndolas así propiedad pública y de interés social, “lo que significa que sólo se pueden vender a estas compañías, transgrediendo así los derechos de los propietarios, en este caso los campesinos”, resaltó.

Otro problema que destacó Meza Blanco, es el daño que la minería causa a las aguas superficiales y subterráneas y la forma como se daña el tejido social por la falta de compromiso del gobierno al otorgar las licencias y de las mismas corporaciones ambientales que son las que pueden sancionar, pero no lo hacen.

Por ello el funcionario invitó a la comunidad a realizar gestión y movilizaciones sociales, catalogándolas como la única estrategia que ha salvado a los campesinos y propietarios de perder todo.

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