Aunque los actos de violencia sexual no son las únicas formas de agresión que sufren las mujeres dentro del conflicto armado colombiano, sí son delitos que pertenecen a una categoría especial por ser los más invisibles de todos.
Publicado por: COLPRENSA
Así lo denunciará este miércoles Amnistía Internacional al publicar una investigación de dos años en las poblaciones más afectadas por los grupos armados.
En Colombia, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en el histórico Auto 092, “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. Esto ordenó a la Fiscalía que investigara 183 casos concretos de los cuales, para septiembre de 2010, sólo habían concluido cinco.
Según el informe de Amnistía Internacional, en Colombia “reina la impunidad” para las víctimas por varias razones: falta de confianza en la misma; existencia de un gran subregistro de casos por ausencia de denuncia; ausencia de medidas de protección; y debilidades en el aparato judicial, entre otras.
Para el organismo internacional “el Estado colombiano sigue sin proteger efectivamente a los sobrevivientes, no garantiza que se respete plenamente su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación”.
Amnistía diagnostica que en el país existe una “falta de voluntad política de los gobiernos de abordar las numerosas causas de la impunidad por violaciones de Derechos Humanos, especialmente de la violencia sexual”.
La falta de seguridad disuade a la mayoría de las víctimas a denunciar. Igualmente, sobresale el hecho de que “el sistema de justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en algunos casos de violaciones de Derechos Humanos en los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad”.
En diálogo con Colprensa, la directora del Programa Regional para América de Amnistía, AI, Susan Lee, explicó los resultados de la investigación y porqué la Corte podría entrar a investigar este tipo de casos.
-¿Cuáles son los principales hallazgos de su investigación? El informe que estamos presentando enfoca la problemática de la impunidad en el contexto de la violencia sexual contra las mujeres, en el marco del conflicto armado. Después de un estudio de dos años en Colombia, visitando muchas regiones del país, conversando con muchísimas mujeres, con organizaciones y también instancias del Estado, hemos llegado a la conclusión de que es una práctica generalizada y sistemática a lo largo del país.
Por muchos motivos es una violación grave a los Derechos Humanos por ser más invisible, es la violación que más reina por su impunidad en el país. Las mujeres están siendo objeto de violencia sexual por parte de todos los actores armados, puede ser por castigarlas, para ejercer un control militar sobre la población, para tratarlas como esclavas sexuales, como venganza o también, en muchos casos, para obligar o forzar un desplazamiento de familias o de comunidades enteras.
-¿Cuáles son los obstáculos para que las víctimas accedan a la Justicia? Hemos constatado que hay muchísimos obstáculos. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen la valentía de denunciar estos hechos, no son tomadas en serio por la Policía o la Fiscalía y muchas veces encuentran que son responsabilizadas o culpadas por lo que les pasó.
También hay muchos problemas de falta de protección para las mujeres, que por supuesto enfrentan el riesgo muy real de represalias por presentar denuncias. Y encontramos también que hay muchas deficiencias en el sistema judicial para tratar estos crímenes.
-¿Se identificaron en qué regiones hay más dificultades? Es un problema generalizado. Por supuesto que mujeres que viven en zonas rurales, muy apartadas, enfrentan dificultades muy particulares para superar esta violencia. Pero también en las ciudades hemos encontrado que mujeres víctimas de violencia sexual han enfrentado problemas para acceder a la justicia, para que sus casos sean tomados en serio, para que reciban el apoyo que necesitan médico y Psicosocial.
Por ejemplo, en Medellín, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de hablar con muchas mujeres que contaban sus experiencias de violencia sexual en algunas de las comunas de la ciudad y enfrentan las mismas dificultades que las mujeres en zonas rurales de conflicto.
-¿De qué grupo ilegal documentaron más? Hemos encontrado que todos los actores armados son responsables por estos crímenes. Una de las dificultades que encontramos en el estudio es la falta de registro, el subregistro de estos crímenes. Es muy difícil dar estadísticas fidedignas o en cuanto el número preciso de estas violaciones porque simplemente no hay un registro.
Por parte de las instancias del Estado no hay un esfuerzo para asegurar que todos los casos de violaciones a Derechos Humanos queden registrados debidamente. Esa es una de las recomendaciones. Pero podemos decir que los agresores son principalmente los grupos paramilitares, pero también un porcentaje preocupante de miembros de la Fuerza Pública y también de las Farc.
-¿Qué avances se han encontrado en el proceso de Justicia y Paz? Es totalmente indecible. En cuanto al sistema de Justicia y Paz no hay ninguna condena por el crimen de violencia sexual. Por parte de la Fiscalía, hay un caso de estos que fue remitido por la Corte a la Fiscalía, un solo caso en que el implicado fue absuelto. Entonces se ve una impunidad total en ambas instancias.
-El informe que se trata de una falta de coordinación entre la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía con la unidad de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la CNRR….
Es una falta de coordinación total. Es lamentable. No solamente entre las diferentes instancias del Estado sino dentro de la misma Fiscalía. Hemos encontrado que una mujer, por ejemplo, víctima de violencia sexual, tiene su investigación con un fiscal seccional y la investigación por las amenazas muy graves que recibió por haber denunciado la tiene otro fiscal y los dos fiscales no están coordinando y no saben que hay dos investigaciones. Es absolutamente deficiente y lamentable la falta de coordinación.
- ¿Qué recomienda Amnistía Internacional al estado colombiano? Lo que estamos pidiendo al Estado colombiano es una voluntad política, real, para enfrentar esta problemática que sigue generalizada y es sistemática en el país. Requiere que se asuma como una prioridad de su agenda política y que busquen la forma de superar todas estas deficiencias en la justicia y que aseguren que las mujeres reciban el apoyo que requieren por parte del Estado, para poder superar este abuso y apoyarlas para llevar este caso ante la justicia.
¿La Corte Penal Internacional, CPI, podría entrar a investigar estos casos en Colombia? Como es un crimen y una violación a los Derechos Humanos que es generalizada y sistemática en el país, es un crimen de guerra y puede ser considerado de lesa humanidad. En caso que el Gobierno no pueda o no quiera llegar a la Justicia, la jurisdicción de la Corte puede intervenir para investigar estos casos.
-¿Hay algún avance en la CPI sobre casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto? Sabemos que la Corte tiene una preinvestigación abierta sobre Colombia y que reciben mucha información de violación a los Derechos Humanos de toda clase. Entonces no dudo en afirmar que la CPI está al tanto de esta situación.
El problema del marco legal
Uno de los problemas más complicados que evidencia el informe tiene que ver con que Colombia, luego de más de 10 años de suscribir el Estatuto de Roma, “no ha tipificado aún los crímenes de lesa humanidad como crímenes en el Código Penal, ni definido aún en la legislación nacional todos los crímenes de guerra establecidos por el derecho convencional y el derecho consuetudinario”.
Recomendaciones
Que Colombia supere un panorama de impunidad en materia de violencia sexual contra las mujeres. La creación de una estrategia integral de género para abordar la desigualdad que sufren mujeres y niñas en el país.
Igualmente, se recomienda brindar atención especial a las comunidades indígenas y afrodescendientes, implementar un proceso nacional para recoger datos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y estadísticas de crímenes cometidos, así como la implementación de medidas de seguridad y compromiso de investigación de los casos reportados.
“Garantizar que la violación y la violencia sexual son crímenes de trascendencia pública y no una queja privada de la víctima, y que cuando tengan conocimiento de que se ha cometido un crimen de este tipo, recaiga en las autoridades la responsabilidad de investigar el caso”.
