El caso está relacionado con un apartamento ubicado en la transversal tercera con calle 85, en el sector de Rosales.

Publicado por: Redacción Vanguardia
La Corte Suprema de Justicia negó este 5 de junio la tutela presentada por el ministro de Interior, Armando Benedetti, y dejó en firme las medidas cautelares que pesan sobre un apartamento ubicado en el sector de Rosales, en el norte de Bogotá.
Con la decisión, continúan vigentes el embargo del inmueble, así como las restricciones sobre derechos patrimoniales asociados a un contrato de leasing habitacional.
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La determinación fue adoptada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que rechazó el recurso con el que Benedetti buscaba dejar sin efectos una decisión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
Ese tribunal había avalado en enero de este año la legalidad de las medidas cautelares impuestas sobre el inmueble y los derechos patrimoniales vinculados al leasing, dentro del proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre esos bienes.
Al estudiar el caso, la Corte concluyó que no hubo vulneración de los derechos al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia que Benedetti alegó en su tutela.
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Para los magistrados, la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá estuvo debidamente sustentada y se ajustó a las normas y criterios jurídicos aplicables al caso.
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El caso está relacionado con un apartamento ubicado en la transversal tercera con calle 85, en el sector de Rosales. Sobre ese inmueble, la Fiscalía 13 especializada de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio decretó medidas cautelares en 2021 con el propósito de impedir que fuera negociado, transferido o enajenado mientras avanzaba el proceso judicial.
La disputa judicial por este inmueble lleva varios años. Todo comenzó en 2021, cuando la Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre el apartamento y otros derechos patrimoniales relacionados con un contrato de leasing habitacional.
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Un año después, en septiembre de 2022, la defensa de Benedetti obtuvo una decisión favorable cuando un juzgado especializado de extinción de dominio declaró ilegal el embargo del apartamento y las medidas sobre los derechos patrimoniales asociados al leasing.
Tras esa decisión, Benedetti presentó una tutela con la que buscaba revertir las medidas. En ella alegó que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. También sostuvo que los informes contables del expediente evidenciaban un patrimonio por justificar, pero no un patrimonio injustificado.
El ministro también argumentó que el apartamento corresponde a su vivienda familiar y que no se tuvo en cuenta de manera suficiente el impacto de las medidas sobre su núcleo familiar, incluido el hecho de que allí viven menores de edad. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que no había razones para conceder el amparo.
















