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Miércoles 14 de Marzo de 2012 - 04:44 PM

'Carrusel de pensiones': El choque entre representantes y la Contraloría

La investigación por el otorgamiento irregular de pensiones a funcionarios de la Rama Judicial tiene enfrentadas a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL
Sandra Morelli, contralora general de la República.
(Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

El ‘choque’ ha llevado a que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, pidiera la intervención del Consejo de Estado para determinar si es la Contraloría o la Comisión de Acusación la que investigue y sancione a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura implicados en las presuntas irregularidades.

A través de una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la contralora Sandra Morelli, afirma que la Judicatura le ha enviado comunicaciones "amenazantes", en las que le da plazo de 48 horas para que le remita los hallazgos en el caso del carrusel de pensiones.

La funcionaria ha defendido la tesis de que su despacho es competente para investigar las actuaciones fiscales de la Rama Judicial y sugiere que no existe fuero especial para que los magistrados no puedan ser investigados por ese organismo en casos administrativos en los que resulten comprometidos recursos públicos.

Ante esta situación, el ministro Esguerra puso el caso de la aparente colisión de competencias en manos del Consejo de Estado, que deberá resolver si la investigación por el carrusel de pensiones sigue su curso en la Contraloría o si la competencia es de la Comisión de Acusación de la Cámara.

Sin embargo, la Comisión también ha movido sus fichas para hacerse cargo de dicha investigación.

A través de una misiva a la contralora Morelli, los integrantes de la Comisión solicitaron remitir a esa célula “todos y cada uno de los procesos que cursan en ese despacho contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fueron Constitucional”.

La Comisión de Acusación argumentó en la carta que a esa unidad legislativa le compete “en virtud del mandato constitucional, conocer de las investigaciones que cursen en contra de los funcionarios aforados”, como es el caso de los magistrados de la Judicatura.

El secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, dijo que la Contraloría tiene la función de aportar pruebas “pero no puede iniciar juicios de responsabilidad, menos contra un aforado”.

Llama la atención que el debate por saber quién tiene que asumir las investigaciones se da en medio de la controversia suscitada entre las ramas del poder, por cuenta del proyecto de reforma a la justicia que se debate en el Congreso.

Ante las presiones que se han dado, el representante de la Comisión de Acusación Carlos Eward Osorio Aguilar, sostiene que las Altas Cortes no deberían estar preocupadas por las investigaciones que se les adelante en la Cámara de Representantes.

“No creo que haya molestia y si la hubiera me parecería infundada, y para eso la figura de la colisión o el conflicto de competencias está incorporada en nuestro ordenamiento jurídico y se da justamente cuando dos autoridades reclaman una competencia sobre un caso determinado… Ese tema no debe generar ningún tipo de traumatismos ni distanciamiento con las Altas Cortes”, argumentó el representante.

A su turno, el presidente de la Comisión de Acusación, representante Germán Blanco, al referirse a las declaraciones de los presidentes de las Altas Cortes sobre un supuesto complot por investigaciones del ‘carrusel de las pensiones’, señaló “las recibimos con preocupación porque nosotros lo único que hacemos es dar curso a las denuncias que instauran los ciudadanos o los anónimos que son radicadas en la secretaria”.

Blanco agregó que “si al interior de las investigaciones se deduce que una denuncia de carácter política, que los mismos magistrados alleguen las pruebas necesarias y nos ayuden a determinar que es una persecución o hay intereses políticos”.

La defensa de la contraloría

De tan altos han sido los niveles de presión por el caso que la propia contralora, Sandra Morelli, tuvo que negar este miércoles que sus decisiones frente al carrusel de las pensiones de la Justicia, estén siendo motivadas por hechos políticos.

Morelli argumentó que “la Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas” y aunque no dijo a quién iban dirigidos sus comentarios, el presidente de la República, dijo el martes que “recientemente –como todos saben–, la Contralora General, cumpliendo con su deber, ha abierto una investigación sobre algunos miembros de la rama por el llamado caso del carrusel de las pensiones... el Gobierno apoya, por supuesto, estas investigaciones, que deben llegar a sus últimas consecuencias, pero nos preocupa al mismo tiempo que –a raíz de las mismas– se quiera tejer un manto de dudas sobre las Altas Cortes y sus integrantes, o extender la situación más allá de sus propios límites, generando una cortina de humo”.

Por esa razón, la contralora argumentó que “en términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”, dijo.

Además, Morelli señaló que al lado de su investigación sobre el presunto detrimento patrimonial que han causado las onerosas pensiones en la justicia, habrá una actuación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“De resultar cierto que se actuó de manera ilegitima estarían llamados a prosperar las decisiones judiciales apoyando lo que establezca la Contraloría y las acciones de la Fiscalía, estableciendo si hubo o no comisión de algún delito por parte de quienes no eran aforados”, aseguró.

La Contraloría General la semana pasada abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.

Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.

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