El total de la contratación del Estado con particulares el año pasado ascendió a 52 billones de pesos, distribuidos así: las entidades nacionales 32 billones y los territoriales 19,6 billones.
Publicado por: COLPRENSA
Lo grave es que el 41,3 por ciento de esos contratos se efectuó mediante la modalidad de contratación directa, algo que mantiene expuesto e incrementa la vulnerabilidad del sector oficial a prácticas de corrupción.
Esa fue la principal conclusión del análisis que realizó la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales con base en datos de Colombia Compra Eficiente y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). De acuerdo con esa información, alcaldías, gobernaciones y entidades del nivel nacional centralizadas y descentralizadas suscribieron el año pasado 366.102 contratos.
En ese mar de guarismos la dependencia del Ministerio Público encontró que de las diferentes modalidades de selección (directa, concurso de méritos, mínima cuantía, licitación, régimen especial, selección abreviada y subasta), las entidades eligieron en casi la mitad de los casos la directa, lo que permite un diagnóstico inicial de que el modelo puede estar mal diseñado.
"Por modalidades surgen muchas dudas, porque se convierte la contratación directa en la más frecuente en el nivel territorial, y, en ese sentido, la más riesgosa. En el nivel nacional, la contratación directa representa el 28,5 por ciento, también la más alta", aseguró Carlos Augusto Mesa, procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales.
Esos son los primeros hallazgos al revisar en la superficie general del cúmulo de datos, pero al hacer inmersiones en la información surgen otras revelaciones sobre el comportamiento de la contratación oficial. “Este sistema de vigilancia nos permite identificar zonas de riesgo y hacerles una revisión a casos que parecen insólitos, como municipios en donde no hubo en todo el año ni una sola invitación pública, ni una sola licitación. Todo fue contratación directa”, aseguró.
También revela, por supuesto, la forma en que vienen contratando las alcaldías de las grandes ciudades del país. Así, por ejemplo, Cali fue la que más contratos suscribió bajo la modalidad directa (3.782), por un poco más de cien mil millones de pesos. Si se tiene en cuenta que la capital del Valle suscribió 4.103 contratos, la modalidad directa representa el 92,2 por ciento.
En el caso de Medellín, aunque esa administración reportó al Secop menos contratos que Cali por la modalidad directa (1.339 contratos), el monto superó el billón de pesos. Si se tiene en cuenta que la capital antioqueña suscribió en total (incluidas las otras modalidades de selección) 1.630 contratos, la contratación directa correspondió al 82,1 por ciento.
El Procurador Delegado Mesa advierte que esos hallazgos no quieren decir que esté bien o que haya corrupción. “No. Simplemente, encontramos lo que hay. Y lo que hay son las cifras que se le están entregando hoy al país”, aseguró.
“De suyo, no es ilegal hacerlo, pero sí se vuelve un comportamiento no adecuado o, al menos, sospechoso. Aquí no le estamos diciendo al alcalde que haya contratado así que sea corrupto. No. Aplicó la ley, interpretó la ley a su manera. Pero sí es una alerta para su ciudadanía”, agregó Mesa.
ES UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA
Entre las ciudades intermedias, Bucaramanga efectuó en total 2.505 contratos por un monto de 186 mil millones de pesos, y el 92,3 por ciento (2.311 contratos) correspondió a contratación directa, por 108 mil millones de pesos. En contraste, Cúcuta suscribió con particulares 155 contratos (por 10 mil millones de pesos), de los cuales el 73,5 por ciento correspondieron a contratación directa (114 contratos por 1.170 millones de pesos).
La Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales, con base en los datos de Colombia Compra Eficiente y el Secop también halló que Cartagena realizó 1.614 contratos (que ascendieron a 161 mil millones de pesos), y de ellos el 87,5 por ciento fue a través de contratación directa (1.413 contratos por 87 mil millones de pesos).
A su turno, las capitales del Eje Cafetero tuvieron el siguiente comportamiento en cuanto a contratación directa: Pereira, 1.463 contratos por 77 mil millones de pesos (84 por ciento de su total); Manizales, 168 contratos por 23 mil millones de pesos (37 por ciento de su total), y Armenia, 1.828 contratos por 53 mil millones de pesos (89,9 por ciento de su total).
El Procurador Delegado Mesa explicó que lo que pretende el ente de control con estos datos es hacer un análisis más integral de la política estatal sobre contratación. Es decir, mirar cómo negocia el Estado colombiano: cómo se relaciona con los privados y consigo mismo en materia de contratación.
“Resolver eso es estratégico y fundamental para avanzar hacia un Estado más organizado. El país que logra resolver cómo negocia su Estado, resuelve el problema de corrupción, o avanza en forma importante en esa materia”, aseguró el funcionario. “Lo que hacemos con estos análisis es ver el tamaño del problema, y vemos que el problema de la contratación estatal es inmenso”.
Mesa precisó que sobre esta situación se tenían indicios, aproximaciones no sustentadas en la realidad. “Nos estamos aproximando al problema por el lado que es, sin emitir juicios. El año pasado hicimos un análisis similar, pero sin tener tanta aproximación a certezas como las tenemos hoy. La virtud de este análisis es que es una aproximación más cercana a la realidad”, aseguró.
“Estos datos me permiten una primera aproximación, por supuesto por ahora, ya no empírica, sino informada, para decir que Colombia tiene un problema con el modelo de negocio, y tiene que resolverlo. Tenemos un sistema muy complejo y entonces todos prefieren irse por el más fácil, porque si lo hacen por licitación, dura hasta cinco o seis meses”, sostuvo.
La frecuente contratación directa por parte del Estado, según Mesa, puede tener explicaciones en los contratos de prestación de servicios, en el modelo de contratación que se da entre el mismo Estado, en el tema de seguros y en el de excepciones de la ley para la contratación directa.
“Para poder diseñar una estrategia que esté orientada a disminuir los riesgos en la contratación hay que ver la totalidad del problema. Una primera aproximación a la totalidad del problema viene haciéndola Colombia hace muchísimos años, pero sin cifras, sin realidades. Abordar el problema de la contratación como la hemos venido abordando es generar y generar normas, generar y generar procedimientos, generar y generar etapas”, dijo Mesa.
CIUDADANOS DEBEN RECLAMAR
En el suroccidente del país se destacan por su contratación directa ciudades como Pasto, que de los 2.400 contratos que suscribió el año pasado, 2.317 fueron a través de contratación directa, por 22 mil millones de pesos, es decir, el 96,5 de esos documentos.
Popayán, por su parte, realizó 321 contratos de manera directa por un monto de cinco mil millones de pesos. Eso representa el 92,5 por ciento de todos los contratos de la capital caucana reportados al Secop, que fueron 347 (por 12 mil millones de pesos).
Mesa aseguró que “si a un ciudadano de cualquier departamento del país se le dice que su alcalde efectuó en un 80 por ciento toda la contratación a través de contratación directa, quiere decir que algo hay que corregir en la administración municipal en cuanto a la forma en que aborda el negocio el Estado: no le gusta la licitación, no le gusta el concurso de méritos. Entonces, que sea el mismo ciudadano el que le reclame”.
“Lo que queremos hacer con estos informes es que el ciudadano corriente, el veedor ciudadano y el mismo empleado público, analicen sus cifras y, sobre la capacidad de análisis, puedan proponer abordajes distintos al problema”, sostuvo el funcionario.
“Hay alcaldes que contrataron en un 90 por ciento de manera directa; algunos hasta en cifras superiores a esas. Repito: eso no quiere decir que esas modalidades sean ilegales. Se vuelven vulnerables a la corrupción”, insistió Mesa. “La política pública hay que revisarla en su integralidad; buscar los modelos más fáciles de negocio y más directos con el ciudadano, más informados”.
Puso como ejemplo los modelos chileno, coreano y costarricense: “Aprender de las experiencias del mundo para decirnos que hay que revisar definitivamente el modelo de negocio. Esa es la conclusión. Venimos en una mesa de trabajo muy juiciosa con Colombia Compra Eficiente, y creo que, orientados como vamos con estos insumos, pronto le presentaremos al país una propuesta de ajuste a la política pública”.
ASÍ SE HACE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN
El seguimiento a la contratación estatal se hace de dos maneras: una forma específica a través de los procuradores delegados y de los equipos de seguimiento de la Procuraduría que pretenden vigilar el adecuado cumplimiento de las normas en materia de contratación; y de otro lado, un análisis sistémico del modelo de contratación para identificar si es el adecuado.
En cuanto al seguimiento específico de los contratos que se realiza a diario, la Procuraduría tiene equipos que hacen ese acompañamiento desde la Delegada de Función Pública, como gran coordinadora nacional de esa materia, y el grupo especial de contratación. Se vigilan casos específicos de contratación, como, por ejemplo, el proceso por el tercer canal de televisión.
DATO
Para varios teóricos (entre ellos, analistas de Fedesarrollo), a través de la contratación del Estado es como con más frecuencia se ejerce corrupción o se aplica, y hablan de que un promedio nacional del 19 por ciento de los recursos que se ejecutan a través de contratación son objeto de inadecuada intervención de actores no éticos.
