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Viernes 31 de Enero de 2014 - 12:01 AM

‘Falsos positivos’ aumentaron un 154% durante el gobierno Uribe

El estudio realizado por dos docentes arrojó que la falta de fiscalización a los incentivos dados durante la presidencia de Álvaro Uribe a la Fuerza Pública incrementaron las ejecuciones extrajudiciales.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Durante la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en el mandato de Uribe, se veían avisos en contra que recordaban los ‘falsos positivos’.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Por medio de un artículo de investigación llamado, “La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales”, realizado por Édgar Villa, profesor de Economía de la Universidad de La Sabana, y Ernesto Cárdenas, docente de la Universidad Externado de Colombia, se plantea la realidad de lo que fue para el país la magnitud de los mal llamados, ‘falsos positivos’.

El estudio señala que las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron un 154% durante la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, período en el que también se intensificó el conflicto armado en el país, pues también se incrementó un 52% el número de guerrilleros abatidos en combate por cada 100.000 habitantes.

Según Villa, las ejecuciones extrajudiciales pasaron en promedio de 393 casos entre 1990 y 1999 a 1.220 entre 2000 y 2009. “Aunque la política fue bien intencionada, en la medida que buscaba debilitar a los grupos insurgentes en algunas zonas del territorio nacional, el vacío institucional en el control de las acciones realizadas por las Fuerzas Militares exacerbó las cifras de falsos positivos”, afirmó el docente.

Los académicos señalan en su estudio que “el Gobierno de turno no tuvo la preocupación de crear una unidad independiente a las Fuerzas Militares que se encargará de fiscalizar sus acciones en combate, lo cual hizo aún más difícil su auditoria o control”.

Las cifras

Según cifras del Centro de Investigación para la Educación Popular, que fueron analizadas en este estudio, el número de víctimas por ejecuciones extrajudiciales ascendió a 1.613 entre 1990 y 2009.

La Fiscalía, por su parte, reportó 2.799 víctimas de este comportamiento, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas referenció 3.000 víctimas por este delito, en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008.

Incentivos a cambio de muertos en combate

De acuerdo con la investigación, en la que se tuvo en cuenta testimonios de personas implicadas en el conflicto armado del país, los incentivos establecidos por el Gobierno carecieron de una adecuada auditoría.

Según el profesor Villa, “se sustentó en un mecanismo de incentivos perverso que no tuvo control y que se basó en entregar retribuciones monetarias, autorizar traslados nacionales e internacionales, viajes, permisos o ascensos por la sustitución de guerrilleros muertos en combate por personas ajenas al conflicto”.

Las conclusiones de la investigación proponen que para evitar que se sigan presentando casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, “se deben balancear los incentivos a los militares a través de una fuerte auditoría de sus acciones, en particular las que se realizan en el contexto del conflicto armado”.

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