Juliana Guerrero y otros miembros del Consejo Superior de la UPC fueron denunciados por presuntas irregularidades en la elección del rector de la universidad.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proceso de designación del rector en la Universidad Popular del Cesar (UPC) terminó bajo escrutinio judicial, luego de que se presentara una denuncia penal contra cinco integrantes del Consejo Superior, entre ellos la delegada de la Presidencia, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, por su participación en la votación que eligió a Guillermo Andrés Echavarría Gil.
La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, quien señala presuntas irregularidades en el proceso de designación, que habría vulnerado principios de legalidad y transparencia. Lea: “Fuera, fuera”: así reaccionó la multitud al ver a Juliana Guerrero en evento político
Además de Guerrero, la denuncia incluye a Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante del estamento docente; Armando Luis Cotes de Armas, representante de las directivas académicas; y Óscar Pacheco Hernández, representante de los exrectores.
Según el jurista, los señalados habrían incurrido en los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir, al supuestamente haber tomado decisiones previamente concertadas para la elección del rector en una sesión que, según su versión, se desarrolló en pocos minutos y sin un análisis riguroso de las hojas de vida de los aspirantes.
“Se actuó en contravía de las advertencias que se hicieron sobre el cumplimiento de requisitos del candidato elegido”, sostuvo el abogado, quien pidió a la Fiscalía adelantar un programa metodológico de investigación que permita establecer responsabilidades.
Te interesa: Imputan a Juliana Guerrero: Fiscalía revela cómo habría engañado para aspirar a viceministeria
Fallo del Consejo de Estado agrava la controversia
El caso se centra en la designación de Echavarría Gil como rector de la UPC, decisión que ha sido cuestionada por sectores académicos y jurídicos, que aseguran que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia en educación superior exigido por la institución.
En medio de este proceso, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del rector, al considerar que, al momento de su inscripción, no acreditaba el tiempo mínimo de experiencia requerido. El alto tribunal también recalcó que dichos requisitos debían cumplirse en la etapa de inscripción y no posteriormente.
La elección del rector de la UPC ha generado controversia desde su realización, en medio de cuestionamientos por la rapidez del proceso y la exclusión de parte de los consejeros en la deliberación, lo que ha alimentado el debate sobre la legalidad de la designación.
