La política, el derecho y la psicología confluyen en el terreno de lo simbólico. Para que las transiciones tengan desarrollo suelen aparecer símbolos del cambio, del reconocimiento y del acompañamiento. Los primeros movilizan a la sociedad; los segundos ayudan a legitimar el nuevo rumbo. Los últimos anuncian las conductas mediante las cuales el poder debe responder a las expectativas despertadas.
La campaña de Abelardo de la Espriella demostró la eficacia de esa dimensión. El tigre proyectó arrojo. El saludo militar expresó una promesa de autoridad y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, debilitadas por la desacertada política de paz total. “Firmes por la Patria” convocó alrededor de un cambio que buena parte del país considera necesario frente a la inseguridad, el desgreño administrativo y los discursos de odio de clase.
Miguel Herrero de Miñón advierte que el símbolo es dinámico. No se limita a comunicar o evocar, sino que moviliza y convierte el conocimiento en acción. Su eficacia depende, por tanto, de la conducta de quien lo encarna. Cuando el gesto no encuentra correspondencia en los hechos, pierde su capacidad de convocatoria y termina reducido a escenografía.
La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali y el anuncio de establecer sedes alternas de gobierno transmiten la voluntad de acercar la administración nacional a los territorios y reconocer que Colombia no puede seguir gobernándose desde un centro privilegiado, rodeado de periferias con graves falencias. Mensaje que adquiere especial relevancia después de un gobierno que profundizó las distancias, al punto que la Federación Nacional de Departamentos tuvo que recordar que ningún territorio podía ser marginado por las posiciones políticas de sus gobernantes y que la ejecución del presupuesto nacional no debía utilizarse como instrumento de presión partidista.
Los escándalos de corrupción que han aflorado con tanta fuerza en los últimos días dan pie para pensar que debe surgir otro símbolo para acompañar la transición. La promesa de firmeza debe traducirse en una acción temprana contra la corrupción. Sin desconocer la vigencia de la contratación directa, el nuevo gobierno podría impedir que los dineros de la Nación sean canalizados mediante convenios interadministrativos hacia entidades sin capacidad ejecutora, convertidas en nefastos contrataderos. Los organismos de control han advertido sobre el abuso de estos esquemas y los riesgos que generan para la transparencia de la inversión pública.
La posesión en Cali, las sedes alternas para el despacho presidencial y una decisión contundente contra los circuitos de intermediación contractual pueden convertirse en saludables símbolos de acompañamiento. Los símbolos ayudan a concitar voluntades, pero también obligan a quienes los ejercen. Solo conservan su fuerza cuando dejan de ser imágenes de promoción y se convierten en conductas de gobierno.
