La decisión cobija a 45 municipios del departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Ambiente, a la Alcaldía de Bogotá, a la CAR, entre otros.
Publicado por: RESUMEN AGENCIAS
La Sección Primera del Consejo de Estado condenó a a la nación a pagar seis billones de pesos, por no tener una política pública clara y cordinada de protección ambiental del río Bogotá, lo que ha generado su grave deterioro y la contaminación de sus aguas.
Estos recursos deberán ser destinados a la recuperación de este afluente, mediante obras de ingeniería, una estación elevadora para evitar la crisis energética y plantas de tratamiento en 45 municipios.
Nueve años duró el alto tribunal estudiando el proyecto, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, quien anunció que se confirmó y amplió la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de protección ambiental al río, dentro de un proceso de acción popular.
Las otras medidas
La providencia del alto tribunal establece un plan que diferentes autoridades deberán adelantar conjuntamente, para recuperar el afluente.
También se ordena que dentro de los próximos tres años las curtiembres se legalicen, organizando y buscando un manejo ambiental de su trabajo. Si no lo hacen, señala el fallo, serán suspendidas y se tendrán que dedicar a otras actividades. Así mismo, se ordena la creación de un parque ecoeficiente en Villa Pinzón, Chocontá y San Benito.
“Queremos recuperar el Salto del Tequendama, que es un sitio que hay que proteger naturalmente y como patrimonio histórico de la Nación. Estamos planteando que hay un caudal ecológico permanente para que el salto pueda volver a ser lo que conocieron nuestros mayores”, dijo el magistrado.
Además ordena la articulación, en cabeza de la CAR, de todos los proyectos de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, con el Plan de Gestión Ambiental 2008-2038 de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Plan Departamental de Aguas PDA de la Gobernación de Cundinamarca, las Evaluaciones del Agua ERA del Ideam y los demás instrumentos normativos para la gestión integral de la cuenca hidrográfica.
“Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente que en el futuro próximo presente un proyecto de ley, pero mientras tanto debe existir un consejo de cuenca, que le dará tratamiento sistémico al río. Se debe medir con indicadores de comités, que se deben crear en las cuencas para alimentar este trabajo”, agregó el ponente.
“Una decisión histórica”
Desde el año 2004, a través de un fallo de acción popular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca responsabilizó por omisión al Estado de la catástrofe ecológica del río Bogotá, sus quebradas y afluentes. En el mismo sentido, declaró responsables por acción a todos los habitantes e industrias de la cuenca que desde hace no menos de 20 años han venido realizando sus vertimientos domésticos e industriales sin tratar a las aguas del cauce.
La decisión del Consejo de Estado fue calificada por el magistrado Velilla como “histórica” y está dividida en dos partes: una avala pactos de cumplimiento acordados durante el proceso con más de 56 entidades públicas y privadas, y otra condena en puntos que no fueron aceptados por los demandados.
Según la providencia, “son responsables por omisión en el control de los vertimientos de las aguas residuales la Nación, los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Protección Social y Agricultura, Ideam, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Distrito Capital, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá , Empresa de Energía Eléctrica y el departamento de Cundinamarca”.
