Los documentos muestran cómo surgieron diferencias sobre los límites legales de la participación de la Policía en los procesos de negociación con estructuras armadas ilegales.
Una salida que se produjo en medio de una serie de relevos en la cúpula militar y policial durante el actual Gobierno ha empezado a mostrar aristas que van más allá de un simple cambio de mando.
Detrás de la decisión aparecen documentos, memorandos y reportes internos que, según fuentes consultadas por el diario El Tiempo, permiten reconstruir un capítulo poco conocido sobre las tensiones que rodearon la implementación de la política de paz total en el país.
El nombre que está en el centro de esa historia es el de la brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo, quien puso fin a más de tres décadas de servicio en la Policía Nacional luego de recibir la notificación de su retiro en el despacho del director general de la institución, el general William Rincón.
La medida, formalizada mediante el Decreto 0722 de 2026 y firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se produjo apenas 23 días antes del cambio de Gobierno. Lea también: José Félix Lafaurie lanza duras críticas a la Paz Total y al viaje de Timochenko
Una oficial con más de treinta años de carrera
Oriunda de Bogotá y odontóloga de profesión, Pinzón construyó buena parte de su trayectoria al frente de distintas dependencias de la Policía. Estuvo a cargo de la Dirección de Sanidad, comandó la Región de Policía No. 4, con jurisdicción en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y ocupó cargos en la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Incorporación y el Departamento de Policía Santander.
Además, prestó servicios en el Inpec en comisión desde la Inspección General. Desde junio de 2024 dirigía la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, creada para articular la participación de la institución en los procesos de paz y actuar como enlace entre la Policía, las comunidades y el Gobierno nacional.
Documentos conocidos por medio de comunicación señalan que, desde esa posición, comenzaron a surgir diferencias entre la oficial y algunos delegados gubernamentales encargados de las negociaciones con estructuras armadas ilegales.
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Según esos informes, Pinzón defendía que la participación policial se mantuviera dentro de los límites fijados por la ley y que cualquier actuación operativa contara con respaldo jurídico suficiente para proteger a los uniformados de eventuales responsabilidades futuras. Además: Eln se atribuye atentado contra el aeropuerto de Tibú y revela por qué lo atacó
Episodios que marcaron las diferencias
Uno de los primeros desacuerdos surgió cuando se planteó que la Policía acompañara caravanas con integrantes de organizaciones armadas ilegales, un debate que se hizo evidente durante un episodio ocurrido en Antioquia en julio de 2024, tras el cual la general fue citada para explicar su posición ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Meses después, tras la captura de alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, la oficial habría manifestado su desacuerdo con el traslado del capturado a instalaciones policiales. Además: Se cumplen 18 años de la Operación Jaque, una de las misiones más exitosas del Ejército
Los documentos también describen alertas de Pinzón sobre la ubicación de zonas de ubicación temporal en el Catatumbo, el comportamiento de estructuras armadas durante los ceses al fuego y la participación de integrantes de bandas criminales en actos públicos vinculados al proceso de paz en Medellín.
En Tumaco, la oficial habría rechazado una solicitud para que agentes prestaran seguridad vestidos de civil durante reuniones con un grupo armado ilegal, al considerar que los esquemas debían definirse con criterios técnicos propios de la institución.
Las fuentes consultadas coinciden en que el fondo de estas diferencias giraba en torno a un mismo interrogante relacionado con los límites que debía tener la participación de la Policía en los procesos de negociación sin poner en riesgo el marco legal vigente. El Gobierno, entre tanto, ha insistido en que los relevos en la cúpula de la fuerza pública corresponden a decisiones propias del ejercicio del mando.
