Por presuntas irregularidades halladas en la firma del contrato No.520 de 2011, la Contraloría de Bucaramanga abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Elvia Liliana Sarmiento Osma, Ulises Dueñas Villamizar, exfuncionarios de la Alcaldía, y contra el Grupo Ecológico La Serranía.
Publicado por: JINETH PRIETO
El contrato cuestionado por el ente de control fue firmado entre las partes el 23 de diciembre del año pasado por un valor de $40 millones, con el fin de “apoyar el programa de formación comunitaria y ciudadana del Municipio de Bucaramanga, mediante capacitación en proyectos de desarrollo social dirigido a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal”.
Para ordenar la apertura del proceso, la Contraloría se basó en ocho presuntas irregularidades que halló un equipo auditor en febrero de este año. En el informe se concluyó que la Corporación no cumplía con la idoneidad para celebrar el contrato, que faltaba material probatorio que soportara la realización de las actividades y que existían presuntos sobrecostos.
“Inicialmente el equipo auditor halló una serie de inconsistencias que estuvieron enmarcadas en la indagación preliminar de los contratos; en vista de que ninguna de esas presuntas irregularidades fue desvirtuada, se tomó la decisión de abrir el proceso formal”, explicó Jorge Gómez Toloza, director técnico de Gestión Fiscal de la Contraloría de Bucaramanga.
La Contraloría también determinó que el presunto daño fiscal ocasionado al municipio por la firma de ese contrato, fue “producto de una gestión fiscal antieconómica”.
Esta redacción se comunicó con Elvia Liliana Sarmiento Osma para conocer su versión sobre la firma del cuestionado contrato, pero aseguró que aún no ha sido notificada.
“Estaré atenta a que la Contraloría me notifique y entregaré las pruebas que demuestren y desvirtúen los presuntos hallazgos fiscales”, manifestó.
Ocho procesos
Este es el octavo proceso de responsabilidad fiscal que inicia el ente de control por la firma de polémicos contratos entre la Secretaría de Desarrollo Social y fundaciones casi desconocidas en la ciudad, que ejecutaron un presupuesto superior a los mil millones de pesos.
Dentro de los vinculados a los procesos como presuntos responsables están al exalcalde (e) de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, quien suscribió cuatro contratos, y la exsecretaria (e) de Desarrollo Social, Elvia Liliana Sarmiento Osma, quien firmó los cuatro restantes.
“La Contraloría se ha puesto la meta de evacuar los procesos de responsabilidad fiscal en un tiempo máximo de un año. En ese momento esperamos darle los resultados a los bumangueses sobre los ocho procesos”, agregó Gómez Toloza.
Las irregularidades también fueron denunciadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, que encontró presuntas inconsistencias y sobrecostos en la adjudicación de cuatro de esos contratos.
Además, esta casa periodística logró la confesión de uno de los contratistas, quien reconoció que se habían manipulado documentos y órdenes de compra para la suscripción de uno de los polémicos contratos.
