El informe final de la auditoría que realizó la Contraloría de Santander a la Universidad Industrial de Santander, UIS, durante la contratación que se llevó a cabo durante 2011 en la administración de Alberto Camacho Pico, reveló presuntas irregularidades en la ejecución de obras, sobrecostos en el pago de honorarios y la realización de estudios y diseños inservibles.
Publicado por: JINETH PRIETO
Como “ineficiente y antieconómica”, fue calificada la contratación que adelantó durante 2011 la Universidad Industrial de Santander, UIS, por la Contraloría de Santander.
La valoración que hizo el ente de control se dio luego de que se conociera el informe final del equipo auditor que analizó un pequeño porcentaje de la contratación de ese año, y que dejó serios cuestioamientos a la labor que adelanta esa institución preparando estudios y diseños para obras, planeando sus procesos contractuales e invirtiendo sus recursos.
Precisamente, el informe de la Contraloría dio a conocer un total de 20 hallazgos disciplinarios, tres fiscales y tres penales, identificados durante la administración de Alberto Camacho Pico como rector de la institución y de varios de sus funcionarios, quienes con sus conductas habrían ocasionado un daño fiscal al departamento que superó los $827 millones.
“Por falta de personal y de tiempo sólo le realizamos la auditoría a una muestra equivalente al 28% del valor total de la contratación. Sin embargo, estamos seguros de que si la auditoría se hubiera extendido más, los hallazgos hubieran sido mayores”, aseguró Argemiro Castro Granados, contralor de Santander.
Y es que en solo uno de los hallazgos, la auditoría reveló que de los contratos analizados, 50 habían tenido adiciones tanto en tiempo como en valor, debido a la falta de planeación de la institución y a los errores en la formulación de los estudios y diseños.
De hecho, el estudio dio a conocer que gran parte de esas adiciones superó el 50% del valor original del contrato.
“Esto lo que muestra es que la UIS no sabe hacer estudios, diseños ni proyectos, porque cuando hay una diferencia tan grande entre los días de ejecución y el precio, lo que se evidencia es que los cálculos no se hacen bien”, precisó Castro Grandos.
Y agregó, “esto es muy preocupante y más si se tiene en cuenta que varias entidades contratan diseños con la UIS”.
Por estos hechos, la Contraloría de Santander ya le compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía, e inició los procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios comprometidos. El ente de control, además, advirtió al actual rector, Álvaro Ramírez, para que tome las acciones necesarias y evite que esas situaciones se sigan presentando durante su gestión.
Vanguardia Liberal se comunicó con Camacho Pico para conocer su versión, pero aseguró que prefería no pronunciarse y que su defensa la ejercería ante el ente de control.
Los recursos de la cuestionada prima de éxito
Pese a que conjuntamente las Contralorías de Santander, Floridablanca y Bucaramanga emitieron un control de advertencia por el pago de una prima de éxito a la UIS como asesora del proyecto Metrolínea en los fallidos diseños del portal de ‘Papi quiero piña’, recursos por el orden de los $960 millones ingresaron a las arcas de la institución.
Los dineros que fueron ingresados a la contabilidad de la institución, según comprobó la Contraloría de Santander, aún no se sabe en qué fueron invertidos.
De hecho, Vanguardia Liberal conoció que pese a los requerimientos del ente de control, desde la institución no respondieron sobre la inversión y no se presentaron soportes de la destinación de los millonarios recursos, que aún no se sabe si deberán ser devueltos en caso de que se determine que no había lugar a una prima de éxito, debido a que los diseños no han sido utilizados y, al parecer, no son funcionales.
“Ellos lo que nos respondieron fue que se habían hecho inversiones en una que otra escuela y que se habían realizado compras. Sin embargo, a hoy no hemos tenido soportes ni tenemos certeza de su destinación. Hemos hecho los requerimientos en varias oportunidades pero nadie se ha molestado en responder”, señaló Argemiro Castro, contralor de Santander.
Honorarios de más de $40 millones mensuales
La contratación de dos expertos en perforación de pozos para liderar los convenios interadministrativos suscritos entre la UIS y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le costó al departamento $665 millones por seis meses.
Según la Contraloría, mientras uno de los contratistas que iba a liderar el campo de Geología devengó por tiempo $40,8 millones mensuales, el segundo, quien brindaría consultoría especializada para perforar los pozos, tuvo honorarios mensuales que superaron los $70 millones.
Esa contratación, de acuerdo al ente de control, se hizo con base en estudios que no se ajustaron a los manuales de contratación en los que se basa normalmente esa institución para pagar a los funcionarios su salario, según su perfil.
“Ellos con estas actuaciones pasaron por alto sus estándares de contratación”, precisó Argemiro Castro, contralor de Santader.
La Contraloría también estableció que nadie supervisó que los contratistas cumplieran con sus obligaciones.
Por estos hechos se compulsaron copias a Fiscalía y la Procuraduría y además se inició un proceso de responsabilidad fiscal.
Sin planeación, estudios o diseños
De los 102 contratos auditados por la Contraloría de Santander, 50 tuvieron adiciones tanto de tiempo como de valor.
De hecho, el ente de control logró establecer que en varios casos la adición superó en un 50% el valor inicial de la obra, lo que vulneró las normas de contratación establecidas por la misma UIS.
Para ilustrar, solamente en las “adecuaciones civiles. arquitectónicas. eléctricas y de comunicaciones para la modernización y ampliación de la planta física del edificio de ingeniería industrial”, se adicionaron $2.497 millones al valor adicional del contrato, cuyo costo en principio fue de $3.123 millones, es decir, en solo ese contrato, la adición fue del 80%.
Sin embargo, la adiciones superaron ese porcentaje. La Contraloría identificó que al contrato que se suscribió para la “Interventoría técnica y administrativa para la construcción de las adecuaciones civiles. arquitectónicas. eléctricas y de comunicaciones para la modernización y ampliación de la planta física del edificio de ingeniería industrial de Santander”, pasó de valer $145 millones a $272 millones, es decir, un 87% más de lo presupuestado.
Esto, según la Contraloría “evidencia la mala planeación con la que fueron realizados los estudios y diseños originales”.
Esos casos no fueron los únicos. El ente de control estableció que hay pólizas de cumplimiento que no se han hecho efectivas a contratistas que dejaron las obras porque no se podían realizar y señaló que existieron obras que fueron adicionadas a pocos días de iniciar su ejecución.
Fraccionamiento de contratos
La Contraloría de Santander afirma que en la Universidad Industrial de Santander, UIS, se habrían fraccionado contratos y presuntamente se habrían violado las normas de contratación que establece la ley.
El ente de control analizó tres licitaciones que se realizaron para adquirir computadores y encontró que se habrían pagado computadores iguales a precios diferentes.
“Los proveedores terminaban siendo los mismos, y entonces se compraban computadores iguales a precios diferentes que dependían de la licitación”, explicó Argemiro Castro, contralor de Santander.
De hecho, en su informe final, el ente de control fiscal señaló que “durante la vigencia 2011, (la UIS) compró computadores para las diferentes unidades académico administrativas bajo la modalidad de contratación de órdenes de compra, demostrando una desviación de poder, eludiendo los procedimientos de selección, vulnerando el principio de transparencia y economía al no realizar éstas a través de otro proceso para evitar el fraccionamiento”.
El caso fue parecido en las demás licitaciones.
