Martes 13 de Mayo de 2014 - 11:54 AM

A ocho años de la Ley de Justicia y Paz, ¿cuál es el balance?

La Ley de Justicia y Paz, la gran apuesta que se ha hecho en Colombia para reparar a las víctimas del conflicto armado y obtener la verdad sobre los hechos de sangre que cometieron los paramilitares, cumple ocho años. Conocedores del tema dicen que se quedó corta en materia de reconciliación y que se enfocó solo en llevar a los victimarios a los estrados judiciales.
A ocho años de la Ley de Justicia y Paz, ¿cuál es el balance?

La califican como un proceso de “verdades pequeñas y poco estructurales”. Otras fuentes consultadas por Vanguardia Liberal son más optimistas. Afirman que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz requiere de tiempo para que los responsables confiesen y los afectados puedan retornar a los lugares que les despojaron.

Para algunos juristas, el Gobierno debería pensar menos en el número de sentencias proferidas por los magistrados, ya que muchas agrupan cientos y hasta miles de casos revelados por los paramilitares.

Dicen que debería importar el diseño de estrategias para atraer a la vida civil a los actores armados, así como de políticas en materia de reincorparación y resocialización, pues el Estado se quedó corto en el tema. Hoy, dicen, no es claro el panorama de los paramilitares que se acogieron a  Justicia y Paz y que están en centros carcelarios, sin confesar lo que hicieron.  Además, dicen, “la paz no es solo con las víctimas, sino con la sociedad colombiana”

Lo cierto es que los procesos de justicia transicional, como la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares en Colombia, son mecanismos jurídico-políticos implementados, con el fin de lograr un tránsito negociado de la guerra a la paz, como ocurrió en la antigua Yugoslavia o en Ruanda, o de la dictadura a la democracia, como en los casos latinoamericanos de Argentina y Chile.

En el caso colombiano, la Ley de Justicia y Paz tuvo que resolver la disyuntiva que resultaba el enfrentar dos valores: la justicia y la paz. Todo, dadas las obligaciones internacionales que demandaba el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y que ordena a los Estados aplicar justicia a los responsables de delitos de lesa humanidad y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, DIH. Esta  obligación de impartir justicia incluye al propio Estado, que en el caso colombiano, según expertos en el tema, han tenido también  Un ejemplo claro de aplicación de justicia es el que debe darse en el caso del desplazamiento forzado,  cuyas cifras ubican a nuestro país en el primer lugar.

Ante este escenario sale a la luz la justicia restitutiva y la restaurativa. De la primera deriva una de las grandes críticas al proceso de Justicia y Paz, pues esta estableció como pena máxima la de ocho años de cárcel a los jefes del paramilitarismo. ¿Es esta una pena restitutiva?

La segunda, tal vez la más esperanzadora, impone la obligación de verdad y reparación, como mecanismo integral para restablecer derechos, reparar mediante indemnizaciones económica y simbólicas, así como la incorporación de garantías de no repetición.

Sin embargo, hoy  más de 260 paramilitares postulados a Justicia y Paz no han revelado la verdad sobre los más de 30 mil crímenes, desapariciones, desplazamientos y todo clase de hechos violentos contra las mujeres.

La sociedad colombiana aún desconfía de los desmovilizados y la justicia ha tenido que aprender sobre la marcha al darse cuenta de que juzgar crímenes de lesa humanidad por la jurisdicción ordinaria tardaría años, incluso, siglos.

“Un proceso cojo”

Así califica los ocho años del proceso de Justicia y Paz el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

El funcionario asegura que en el desarrollo de este proceso se depositaron todas las esperanzas en un proceso judicial. “Ahora que se clama desde ciertos sectores de oposición que se necesita una paz sin impunidad, resulta paradójico que el proceso de Justicia y Paz haya tenido a la fecha tan solo 14 sentencias. De los 32 mil desmovilizados colectivos en la AUC, menos de 1.300 están pagando penas”, comenta el jefe de esta cartera.

Para Méndez el problema radicó desde la concepción de la ley, pues fue un “proyecto de alternatividad”, en el cual solo se pensó en garantías penales para un grupo armado ilegal que buscaba desmovilizarse. Según afirma, en la ley no estaban concebidos los derechos de las víctimas y menos sus necesidades. El exfiscal expresa que Justicia y Paz tiene una gran deuda de verdad con los colombianos, pues si bien es cierto que se supieron algunas verdades, que se encontraron 4.219 fosas, 5.423 cadáveres y se logró la identificación plena de 2.604 y se entregaron restos a 1.318 familias, el país nunca supo quiénes eran las personas que financiaban a esos grupos paramilitares en términos de macrocriminalidad, tanto económica como políticamente.

Sobre la posible salida de los paramilitares de prisión en agosto, el Ministro comenta que siguen vinculados al proceso, ya que si lo abandonan pierden las garantías. “La mayoría no ha entregado bienes. A la fecha solo han entregado 104 mil millones de pesos, que es una ridiculez frente al despojo que cometieron los paramilitares. Por esto, el Gobierno comenzó a corregir estos errores. La Ley de Víctimas y la restitución de tierras es un claro ejemplo”, añade Gómez Méndez.

“Un balance agridulce”: Centro Internacional para la Justicia Transicional

* Aspectos positivos del proceso

1. La ley de Justicia y Paz puso en el centro de la agenda nacional a las víctimas, que tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y el derecho a la no repetición.

2.El aprendizaje de los operadores judiciales. Según el Centro de Justicia Transicional (Ictj), antes era impensable un cambio en el enfoque de la investigación judicial, pero “a partir del ensayo y error”, se ha logrado conocer el aparato criminal que consolidaron los grupos de autodefensas en el país. Además, se comprendió que la metodología para investigar y juzgar este tipo de delitos es distinta a la justicia ordinaria.

3. La recolección de información. La recolección de información que se ha logrado hasta ahora no hubiera sido posible sin el proceso de Justicia y Paz. El Ictj añade que si las confesiones hubieran sido recogidas por organizaciones no gubernamentales o centros académicos, a lo mejor no hubieran llegado a manos del sistema de justicia. Por ejemplo, todo lo concerniente al proceso de ‘parapolítica’.

Promesas incumplidas

1. No se logró cumplir la promesa de la paz ni el desmatelamiento definitivo del paramilitarismo. Para el Centro de Justicia Transicional, esto explica que el fenómeno del paramilitarismo se haya reciclado en otras regiones del país y que no haya garantía de no repetición.

2. La reparación. Desde un principio se pensó que Justicia y Paz iba a esclarecer todos los hechos individuales y que además iba a poder reparar cada uno de esos daños a las víctimas, pero esto aún no se ha logrado. El gran interrogante según el Ictj es:_¿Es factible garantizarles a más de 350 mil víctimas del paramilitarismo la reparación judicial?

“No lo han contado todo”

María Carolina Moreno, directora del Ictj, asegura que los paramilitares no han contado toda la verdad. Si bien es cierto que durante las audiencias y encuentros con las víctimas les han revelado dónde están los desaparecidos, solo han entregado información y no la verdad.

“Encontrar los restos de personas desaparecidas en el país y dales cristiana sepultura ha significado para miles de personas un hecho importante. También la información entregada en materia de parapolítica, pero en las 14 sentencias proferidas hay una verdad que sigue siendo insuficientes. Hay miles de horas de información que ni la misma Fiscalía y Justicia y Paz no van a lograr absolver y procesar. La pregunta es: ¿qué hacemos con esta información?”,  Creo que deberá pasar a la Comisión de la Verdad, pero de esto no hay certeza”, asegura Moreno.

La Directora del Ictj también añade que a pesar de todo ha sido una experiencia importante para Colombia, que es hora de revisar las lecciones aprendidas y poder identificar qué sirve, para los diseños futuros y lo que se derive de la mesa de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y las Farc. 

Críticas de otros sectores

El profesor Iván Orozco Abad, de la Universidad de Los Andes, asegura que la Ley de Justicia y Paz no se implementó en un proceso de justicia transicional, dado que su finalidad, que era la de conseguir la paz, no se logró. Orozco Abad asegura que se implementó entonces fue una justicia de excepción, para otorgar beneficios a los líderes del paramilitarismo. 
Para Iván Cepeda, la ley ha fallado desde su concepción, pero especialmente, en materia de reparación de las víctimas, pues muchas no encuentran garantías a la hora de reclamar ni de encontrar la verdad.

Desconocimiento de la ley: “paramilitares siguen vinculados al proceso”

Personas conocedoras de la labor llevada a cabo por la Unidad de Justicia y Paz en Bucaramanga aseguaron que las críticas a la ley se generan por el desconocimiento que se tiene de los procesos adelantados, ya que las investigaciones no pueden desarrollarse desde la óptica jurídica tradicional.

¿Funcionó o no la Ley de Justicia y Paz? Es la pregunta que se hacen algunos funcionarios cercanos a esta Unidad, la cual cuenta con cuatro despachos de Fiscales del Tribunal de Justicia y Paz, que llevan los procesos de paramilitares del Bloque Central Bolívar, como Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’; de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio como Arnubio Triana Mahecha, conocido con el alias de ‘Botalón’, y del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, con Salvatore Mancuso a la cabeza. “Hay que mirar cuántos congresistas y gobernadores están presos y cuántos personajes de la política nacional se han visto afectados. Lo cierto es que verdades absolutas no existen”, asegura un experto.

La reforma a la Ley 975 permitió hablar de “macrovictimización y de patrones”, algo que no contemplaba la ley ordinaria. La Fiscalía determinó cinco patrones: el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y todo lo que tiene que ver con delitos de género. Según conocedores del tema, ya no importa investigar hecho a hecho. Si se toman 100 homicidios, por ejemplo, son analizados bajo este patrón, bajo una misma imputación, respetando el derecho a la verdad y la víctima a participar. La ley permitió agilizar el proceso.

Sobre la salida de jefes paramilitares en agosto, el experto asegura que se está haciendo una lectura errada. “No es que salgan libres o que se les vaya a sustituir la medida de aseguramiento. Siguen vinculados a las investigaciones y comprometidos con el respeto a las libertades condicionadas que tienen. Hay una libertad a prueba por un término de cuatro años, la mitad del término inicial (ocho años). Si violan el acuerdo, pierden los beneficios.

En Bucaramanga

En la ciudad funciona desde abril de 2011 la Sala de Justicia y Paz, la cual recibió procesos que se adelantaban ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. La Sala, con función de control de garantías, ha sido útil para imprimirle celeridad al proceso.

Hasta el momento, según sus encargados, han realizado 233 audiencias de larga duración, 370  imputaciones a postulados y  comandantes de los Bloques Central Bolívar, Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las autodefensas, así como a desmovilizados. Además, ha imputado más de 4.000 hechos delictivos ocurridos en Santander y otros departamentos.

Publicada por
Contactar al periodista
Etiquetas:
Publicidad
Comentarios
Agregar comentario
Comente con Facebook
Agregar comentario
Comente con Vanguardia
Comente con Facebook
Agregar comentario
Vanguardia Liberal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia Liberal se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad