A las denuncias sobre las licitaciones públicas se sumaron las de los concursos de méritos adelantados por la Alcaldía de Bucaramanga.
Publicado por: JINEHT PRIETO
Un concurso de méritos por $688 millones que fue abierto el pasado 21 de mayo, con el fin de contratar la interventoría para el alumbrado público de la ciudad por ocho meses, estaría estructurado con presuntas irregularidades.
Así lo denunciaron potenciales oferentes, quienes además aseguraron que tal y como fueron redactadas las condiciones, el proceso de selección estaría “direccionado”.
Específicamente las denuncias hacen referencia, al igual que en los demás procesos que ha adelantado la Alcaldía de Bucaramanga, a que se estarían limitando las condiciones de experiencia y se estarían haciendo exigencias que no tienen que ver con el desarrollo de los proyectos que se pretenden contratar.
“Aquí es evidente que están tratando de favorecer a una firma, no solo hacen solicitudes de experiencia que se restringen en el tiempo, sino que además se basan en argumentos arbitrarios para calificar las propuestas”, explicó Salomón Iglesias, uno de los interesados en ofertar.
Y es que tal y como están redactados los pliegos de condiciones (hoja de ruta tanto para el contratista como para la administración), la experiencia que podría acreditar una empresa interesada en el proceso se limitaría a la ejecución de un solo contrato en los últimos tres años.
“Es preocupante que se siga haciendo caso omiso a la norma, cuando la ley ya estableció que la experiencia no se agota en el tiempo y ese es un criterio que debe ser tomado por todas las entidades públicas sin distinción alguna”, precisó un experto en contratación consultado por Vanguardia Liberal.
En igual sentido, se pronunció el Comité Transparencia por Santander, que tras conocer las denuncias señaló que “los casos se siguen repitiendo en la Alcaldía de Bucaramanga, pese a que hemos insistido en que esa condición es limitante”.
Sin embargo, las presuntas irregularidades no terminarían allí.
Tal y como quedó estipulado el pliego del proceso de selección, a la empresa que aporte ese contrato también le calificarán el valor del mismo y dependiendo de qué tan alto sea el monto tendrá más probabilidades de ganar.
“El direccionamiento es completo. Si se mira le otorgan 300 puntos a la empresa que haya ejecutado un contrato que valga $1.050 millones dentro de los tres últimos años. Las demás tendrán un puntaje menor”, agregó Iglesias.
Las relaciones
Vanguardia Liberal rastreó qué empresas habían ejecutado contratos con esas características en los últimos tres años en la ciudad y encontró que solo una podría cumplir con ese criterio.
Se trata de Probraco Ltda firma que en consorcio con Salomón Iglesias, denunciante, y en procesos de único oferente ha ejecutado los últimos contratos de ese tipo en la ciudad.
La diferencia en este proceso es que Probraco en el contrato suscrito en 2013 se quedó con el 70% del consorcio y eso le dio una ventaja sobre Iglesias, su socio de antaño.
Ese contrato fue firmado inicialmente por $1.240 millones, pero a hoy, tras dos adiciones, va en los $1.530 millones; es decir, de ese monto, Probraco puede acreditar que ha ejecutado $1.071 millones, lo justo para presentarse a la convocatoria y obtener el mayor puntaje.
“Inicialmente empezamos a ejecutar contratos juntos, pero el manejo de los recursos era muy difícil con ellos. Ahora estoy haciendo la denuncia no solo acá, sino también en la Procuraduría de que ese proceso está direccionado para favorecer a esa firma”, precisó el contratista.
Adicionalmente, y contrario a lo que se ha señalado en otros procesos de selección de las mismas características, como el adelantado en 2013, la Alcaldía abrió la posibilidad de que el interesado en ejecutar los recursos pudiera presentar experiencia sobre contratos que están en ejecución.
“Ahí hay algo que llama la atención, y es qué garantía le puede dar a la administración una empresa que solo acredite un contrato que está en ejecución, eso abriría la puerta para que solo tuviera esa experiencia y diera al traste con las garantías de las que habla la Alcaldía”, precisó otro experto en contratación estatal.
Vanguardia Liberal también conoció el acta de constitución de Probraco y encontró que en 2009 fue creada por Zayda Judith Cristancho Pedraza y por Blanca María Pedraza Martínez, pero dejaron de aparecer en el certificado de existencia y representación legal de la empresa.
Actualmente, quien aparece como representante legal de la empresa es Liliana Parra Ramos; sin embargo, el número de celular que aparece registrado está suspendido.
Por su parte en el número fijo aseguran que esa no es la sede de una empresa.
Vanguardia Liberal también intentó en repetidas ocasiones conocer la versión del secretario de Infraestructura, Clemente León Olaya, pero solo aseguró que no podía pronunciarse sobre el proceso, porque no tenía presentes los detalles y pidió que se comunicarán con él más adelante.
Posteriormente dejó de responder las llamadas realizadas a su número de celular.
