Olga Caicedo Chávez, ya cumple tres días de estar encadenada en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. En su manifestación, denuncia que en Santander existiría un ‘cartel del remate’ de viviendas.
Publicado por: LUISA ESPAÑA PANTOJA
Desde el pasado martes 10 de mayo, Olga Caicedo Chávez se encadenó en busca de que no la saquen de su vivienda. En su protesta denuncia a la Caja Agraria, hoy Banco Agrario y a la rama judicial del Distrito de Bucaramanga.
La mujer asegura que no se desencadenará hasta que no le brinden una solución a esa problemática, que no solo vive ella en el barrio Villa Alcázar en Floridablanca. “Allá en Villa Alcázar hay en este momento unas 10 familias en este proceso y hay otras 55 a las que nunca les han entregado escrituras de sus casas” indicó Caicedo.
Además, Caicedo Chávez denuncia que en Santander cada mes se rematan 100 casas. “100 familias santandereanas quedan sin donde vivir y el Estado no se da ni por enterado que están haciendo estos remates y aquí nadie no nadie no está protegiendo nuestros derechos”.
¿Cómo comenzó el drama de esta mujer?
Olga Caicedo adquirió una vivienda de interés social ubicada en el barrio Villa Alcázar en Floridablanca en 1998 por medio de un crédito. Luego, quedó sin trabajo y se atrasó en las cuotas de pago entrado en mora.
La Caja Agraria, interpuso un proceso de hipoteca, que se radicó en Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga. Ante esta situación, Caicedo buscó ayuda jurídica, y su apoderado solicitó la reliquidación del crédito y terminación del proceso,a raíz del mecanismo de protección que el Estado brinda en esta clase de situaciones, según el artículo 41 de la ley 546 de 1999.
“Los bancos nunca reliquidan y los jueces siguen el proceso. Yo he pedido dos o tres veces la terminación del proceso y nada, ellos siguieron el proceso y yo solo tenía una deuda de $7 millones 800 mil” señaló Caicedo. El proceso se ha tramitado durante 14 años, sin que haya sido reliquidado, impidiendo que se pueda continuar pagando el crédito.
La vivienda de Olga Caicedo fue rematada en 2014, se aprobó el proceso en 2015 y hace 20 días le llegó la notificación de desalojo. “Mi casa en estos momentos cuesta $180 millones y la han rematado por solo $30 millones. A mí nunca me notificaron de eso, nunca me dieron la oportunidad de pagar esos $30 millones por mi casa”.
Ahora bien, las dos entidades que captaban el dinero de los créditos fueron liquidadas. Una fue la Caja Agraria, y la otra ‘Compañía de Gerenciamientos Activos’. “Esa plata se perdió, todo lo que hemos pagado en cualquier banco. Ellos rematan las casas y se quedan con ese dinero del crédito”, aseguró Caicedo.
Hasta el momento, su huelga será indefinida. A pesar que se encadenó en inmediaciones del Palacio de Justicia de Bucaramanga, nadie se ha acercado a conocer el por qué de su protesta. “Si no obtengo respuesta, posteriormente entraré en huelga de hambre”, señaló la mujer.
Caicedo espera que la rama judicial se pronuncie al respecto. “Que fallen en derecho y fallar en derecho es que se me reestructure mi crédito, que se me dé la oportunidad de pagar mi casa, porque es mía, yo la compré con mucho esfuerzo, junto con mis hijos. La recibimos en ladrillos y ahora tiene dos pisos. El patrimonio de mi familia está en esa casa”.
¿Qué dicen las autoridades al respecto?
Respecto a esta situación, Vanguardia.com se comunicó defensor de Pueblo de la Regional Santander, Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, quien indicó que no tenía conocimiento de la situación de Olga Caicedo Chávez, a pesar que ella asegura haber interpuesto una petición a esta instancia.
“A la Defensoría llegan aproximadamente 36 mil solicitudes diarias, y si la ciudadana no específico que iba a realizar este tipo de protesta, debe estar aún en proceso de verificación”, señaló, Pilonieta.
Así mismo, el funcionario aseguró que este jueves enviaría a una comisión de la Defensoría a entrevistar a Olga Caicedo Chávez, para empezar de inmediato el acompañamiento y asesoría en su caso. “Y si es necesario interpondremos una tutela en aras de defender los derechos de la ciudadana, como lo hicimos en el caso de un ciudadano que protestó ante la sede del Área Metropolitana” aseguró el Defensor del Pueblo de la Regional de Santander.
