La exfuncionaria es señalada de haber actuado como intermediaria en la entrega de sobornos por 3.000 millones del entonces presidente del Senado, Iván Name.
Publicado por: Redacción Nacional
Sandra Ortiz quedará en libertad por vencimiento de términos en el proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
La exfuncionaria, señalada por la Fiscalía como la presunta “mensajera” en el pago de sobornos, podrá salir de prisión tras la decisión emitida por el juez 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Sin embargo, eso no quiere decir que el proceso en su contra se detenga, sino que tendrá que enfrentarlo en libertad. Puede leer: Sandra Ortiz denuncia presiones de Fiscalía en caso Ungrd y cuestiona proceso
Más aún si se tiene en cuenta que, recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por su defensa.
En ese momento, la defensa argumentó que se habían hecho modificaciones a la acusación y que los hechos señalados por la Fiscalía no ocurrieron de la forma en que la entidad los presentó. Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo y señaló que la preclusión no es la etapa procesal adecuada para debatir las pruebas, sino que dicho análisis debe hacerse durante el juicio.
El papel de Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD
Sandra Ortiz se convirtió en una de las piezas clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en el cual salió salpicada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien fue condenado a cinco años efectivos de prisión por su aceptación de cargos. Lea además: Caso de corrupción en Ungrd: Sandra Ortiz pide libertad tras casi 500 días detenida sin juicio
Los dos exaltos funcionarios señalaron a Ortiz se haber entregado al expresidente del Senado, Iván Name, $3 mil millones que habrían salido de la entidad, en medio de las reformas sociales que el Gobierno Nacional tramitaba en el Congreso de la República, especialmente la pensional que finalmente fue aprobada.
Dentro del proceso judicial, la defensa de la polémica exalta consejera para las regiones había pedido inmunidad total para la exfuncionaria, pero esta fue rechazada por la gravedad de los delitos endilgados relacionados con lavado de activos, tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y próxima a ser acusada.
“Por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial. Ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, afirmó el ente acusador, explicando los motivos por los cuales se le rechazó el beneficio.
