La jueza aplazó la decisión mientras revisa el expediente completo.
Una audiencia cargada de tensión y señalamientos se vivió el miércoles ante el juez quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, donde la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, solicitó formalmente su libertad inmediata argumentando el vencimiento de los términos procesales establecidos por la ley.
La exfuncionaria lleva privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en una guarnición policial de la ciudad, en el marco del escándalo de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además: Caso Ungrd: Exministro Ricardo Bonilla quedó en libertad por orden del Tribunal de Bogotá
Los términos legales, superados con creces según la defensa
El abogado defensor de Ortiz argumentó que desde la radicación del escrito de acusación, el 24 de enero de 2025, han transcurrido más de 440 días sin que el juicio haya dado inicio, cuando la ley establece un plazo máximo de 240 días para que ese paso procesal ocurra.
Según el defensor, incluso descontando eventuales aplazamientos atribuibles a la propia defensa, el término seguiría excedido, por lo que la medida de aseguramiento habría perdido su sustento legal.
Subrayó, además, que los tiempos generados por actuaciones legítimas de la defensa, tales como nulidades, recursos o solicitudes probatorias, no pueden ser cargados en contra de la procesada.
Otro de los argumentos centrales giró en torno a las condiciones en que la defensa ha tenido que preparar el caso. Según el abogado, el equipo jurídico de Ortiz ha debido enfrentar un universo probatorio de más de 100.000 archivos distribuidos en cientos de carpetas, sin contar con las condiciones mínimas para analizarlos de manera adecuada. Le puede interesar: Polémica: senador Wadith Manzur busca posesionarse desde la cárcel
La exfuncionaria tomó la palabra y lanzó advertencias
En un momento inusual de la diligencia, Ortiz pidió la palabra y se dirigió directamente a la jueza para exponer su situación.
Afirmó ser la primera vez que enfrenta un proceso penal y destacó que ha asistido de manera presencial a todas las diligencias a las que ha sido convocada, además de haber entregado información cuando le fue solicitada.
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La exfuncionaria señaló que hasta ese momento no cuenta con acceso efectivo a las pruebas que le permitan controvertir la teoría de la Fiscalía. Indicó que múltiples solicitudes probatorias, entre ellas documentos relacionados con el exsenador Pedro Castro, señalado como prestamista del dinero utilizado para los presuntos sobornos, han sido negadas o respondidas de manera incompleta.
También cuestionó diferencias sustanciales entre la imputación inicial y el escrito de acusación. Recordó que en diciembre de 2024 la Fiscalía la vinculó públicamente al escándalo de los carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira, hecho que generó un amplio despliegue mediático, pero que ese elemento desapareció por completo del escrito de acusación. Le puede intersar: Karen Manrique es recluida en batallón de Malambo por escándalo de corrupción Ungrd
Al pedir explicaciones, la fiscal del caso le informó que el proceso se refería a un contrato en el municipio de Repelón, Atlántico, por un monto que, según Ortiz, ni siquiera alcanza los 6.000 millones de pesos y correspondería a otro gobierno.
Frente a la Fiscalía, la exfuncionaria fue contundente y aseguró que en diversas ocasiones los fiscales han citado sentencias de manera imprecisa o incompleta para respaldar sus argumentos.
Prometió, además, revelar públicamente lo que sabe sobre el caso. Indicó que se lo dijo directamente a las víctimas y que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz.
La acusación que pesa sobre Ortiz la señala de haber actuado como intermediaria en la entrega de sobornos por 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el fin de asegurar respaldo a las reformas del gobierno.
Según la Fiscalía, la exfuncionaria habría recibido el dinero en dos entregas realizadas en un apartamento del centro de Bogotá por parte de exdirectivos de la UNGRD, para luego trasladarlo en un vehículo oficial hasta el norte de la ciudad. Ortiz no aceptó los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos que le fueron imputados.
La jueza no tomó una decisión de fondo durante la audiencia. Explicó que requiere verificar directamente la actuación procesal antes de pronunciarse sobre el vencimiento de términos y ordenó solicitar el expediente al juzgado de conocimiento. La diligencia fue reprogramada para el jueves 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de la solicitud de libertad.
