Iván Name y Andrés Calle pidieron se revoque medida intramural.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del Gobierno Petro, el próximo 26 de mayo a las 9:00 a.m. Además: Dilian Francisca Toro responde a Petro tras acusaciones por consulta popular y recibe apoyo político
La diligencia se realizará en el marco de la investigación por corrupción contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, actualmente recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
Sandra Ortiz pidió colaborar con la justicia
La comparecencia de Ortiz fue ordenada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, luego de que la exfuncionaria solicitara ser escuchada como testigo tras la ruptura de las conversaciones que adelantaba con la Fiscalía General de la Nación.
En un oficio firmado por ella misma, Ortiz expresó su intención de colaborar con la justicia en medio de la investigación por el presunto entramado de sobornos para garantizar la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno.
¿Qué pasó con los $3.000 millones?
Según la Corte Suprema, Ortiz fue la persona que recibió $3.000 millones en efectivo que luego habrían sido entregados a Iván Name, en octubre de 2023, en el edificio donde reside el excongresista, luego de recibir los recursos en el Hotel Tequendama de Bogotá por parte de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.
La defensa de Calle y Name
Paralelamente, las defensas de Name y Calle presentaron recursos solicitando la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural que los mantiene privados de la libertad.
Alegaron que se trata de una decisión desproporcionada y que los hechos investigados no justifican una detención preventiva. Lea aquí: ¿Turismo con recursos públicos? Viaje de la influencer ‘Lalis’ con Petro a China genera cuestionamientos
La defensa de Calle argumentó que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, ya que el exrepresentante ha acudido a todos los llamados judiciales y desde hace meses no ocupa el cargo que ostentaba al momento de los hechos.
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Además, señalaron que no hay prueba de apropiación de recursos públicos, puesto que, según la línea disidente de la magistrada Cristina Lombana, el supuesto soborno habría provenido de un préstamo privado del exsenador Pedro Castro y no directamente de fondos estatales.
De acuerdo con el expediente de la Corte, los pagos a los congresistas habrían sido ordenados por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien habría utilizado recursos desviados de un contrato de suministro de carrotanques en La Guajira.
El dinero habría salido de anticipos girados al contratista Impoamericana Roger SAS, y luego entregado en efectivo por Pinilla a Ortiz y Calle. En el caso de Calle, el desembolso de $1.000 millones se habría producido el 14 de octubre de 2023, en un apartamento en Montería.
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La Corte concluyó que ambos excongresistas conocían el origen público de los recursos y los habrían destinado a campañas políticas de familiares durante las elecciones regionales de octubre de 2023.
