Medidas especiales de seguridad rodean la reclusión de la congresista en el Atlántico. La investigación por contratos en la entidad sigue su curso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En una decisión que marca un nuevo giro en el entramado judicial que sacude al legislativo colombiano, las autoridades penitenciarias y judiciales del país han ejecutado un movimiento logístico estratégico respecto a la reclusión de una de las figuras políticas más mencionadas en los últimos meses. El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, buscando mitigar riesgos asociados al perfil de la procesada y a la sensibilidad de la investigación que se adelanta en las más altas esferas de la justicia nacional.
La representante a la Cámara por las curules de paz, Karen Manrique, quien recientemente fue capturada por orden de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado su lugar de reclusión inicial para ser trasladada a una zona de resguardo especial. De acuerdo con los reportes oficiales, la congresista fue ubicada en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, situado en el municipio de Malambo, Atlántico.
Investigación por presuntas prebendas en la Ungrd
Este traslado se produce tras su paso inicial por el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar su integridad física llevaron a determinar que una guarnición militar era el entorno más adecuado mientras el proceso avanza. La congresista se encuentra en el centro de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el expediente que maneja la Corte, se investiga si Manrique habría resultado favorecida con la adjudicación de contratos provenientes de dicha entidad. La hipótesis de la Fiscalía y la Corte apunta a que estos beneficios habrían sido la contraprestación por emitir votos favorables al Gobierno Nacional en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, además de respaldar diversas iniciativas legislativas en el Congreso de la República.
Incertidumbre sobre su posesión el próximo 20 de julio
El ente acusador señala que la representante habría comprometido el ejercicio de sus funciones públicas al participar, presuntamente, en un esquema de intercambio de favores políticos por recursos del Estado. Por estas acciones, la justicia le ha imputado el delito de cohecho impropio, una conducta que sanciona al servidor público que acepta beneficios indebidos por actos relacionados con su cargo.
Este escenario jurídico oscurece el futuro político de Manrique, quien fue reelecta el pasado 8 de marzo para representar a las víctimas en un segundo periodo por el departamento de Arauca. Aunque el calendario legislativo dicta que debería tomar posesión de su curul el próximo 20 de julio, su situación de detención preventiva genera serias dudas sobre su capacidad para asumir el cargo en la nueva legislatura, dejando en vilo la representación de su región en el Capitolio Nacional.
