Durante la publicación de su informe anual de Derechos Humanos de la Población Lgbti, la fundación Colombia Diversa confirmó que entre 2013 y 2014 se presentaron 164 homicidios, 222 hechos de violencia policial y 54 amenazas contra esta población en gran parte del territorio nacional.
Publicado por: COLPRENSA
De acuerdo con los datos arrojados por el estudio, la organización mostró particular preocupación por el aumento de los casos de violencia por parte de la fuerza pública, la impunidad registrada frente a este tipo de situaciones y la falta de respuestas por parte del Estado para la prevención de estos incidentes.
La organización resaltó que el mayor número de homicidios de personas Lgbti en 2013 y 2014 se concentró en Antioquia, con 51 casos; Valle del Cauca, con 32; y Bogotá, con 18.
Adicionalmente, indicó que este departamento ha presentado los mayores números de homicidios de personas de esta población desde 2008, con excepción del año 2011, cuando se registraron más casos en Valle del Cauca.
De acuerdo con esta situación, sostuvo que Antioquia se convierte en el departamento con mayor número acumulado de homicidios de personas LGBT, ya que entre 2006 y 2014 reportó 247, superando en casi cien a los reportados en Valle del Cauca durante el mismo periodo (148) y casi cuatro veces los conocidos en la capital del país.
Con referencia a los municipios, aclaró que Medellín (41) y el Valle de Aburrá (2 en Bello), que registran mayor número de homicidios, sin embargo, llama la atención que cuatro tuvieron lugar en Caucasia (nordeste antioqueño), en cuatro días seguidos.
Al menos dos de esos homicidios habrían estado motivados por el prejuicio agravado por el conflicto armado y los enfrentamientos entre bandas criminales en esa región.
Si bien en Cali fue el municipio donde se registraron más homicidios en Valle del Cauca (13), resalta el informe que hubo un mayor número de casos en otros municipios que en Antioquia: 3 en Buga, 3 en Jamundí, 2 en Cartago, 2 en Palmira, 2 en Restrepo, 2 en Zarzal, 1 en Pradera, 1 en Roldanillo, 1 en Sevilla, 1 en Trujillo y 1 en Tuluá.
Por lo demás, señala el estudio, que en 2013 y 2014 fueron asesinadas 29 personas Lgbti en los siete departamentos de la región Caribe: 6 en Atlántico, 6 en Cesar, 5 en Sucre, 4 en Bolívar, 4 en Córdoba, 2 en la Guajira y 2 en Magdalena.
También evidencia que fueron asesinadas 14 personas Lgbti en el Eje Cafetero: 5 en Quindío, 5 en Caldas y 4 en Risaralda; al tiempo que resalta que este último es el cuarto departamento con mayor número acumulado de homicidios entre 2006 y 2014 con 36 casos registrados.
Resalta que durante esos nueve años, Colombia Diversa también registró 22 en Quindío y 20 en Caldas.
VIOLENCIA POLICIAL
Con referencia a este tema, señala que al igual que con los homicidios, la violencia policial también tiende a concentrarse en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, argumentando que en 2013 y 2014 se registraron 33 y 28 casos, respectivamente.
De acuerdo con la entidad, estos departamentos estuvieron seguidos por la Guajira con 22 casos y Bolívar con 18.
No obstante, justifica que entre 2006 y 2014 fue en Antioquia donde se registraron más casos acumulados (77), seguido por Valle del Cauca (59), Bogotá (52), Bolívar (37) y Atlántico (35).
En este orden de ideas, evidenció que la región Caribe en su conjunto presenta las mayores cifras después de los dos principales departamentos y el Distrito Capital, ya que en los dos años anteriores se contaron 70 hechos de violencia policial contra estas personas en el Caribe: 22 en la Guajira, 19 en Bolívar, 14 en Atlántico, 7 en Magdalena, 5 en Sucre, 2 en Cesar y 1 en Córdoba.
AMENAZAS
Los departamentos donde más se registraron amenazas contra la población Lgbti en 2013 y 2014 fueron Sucre (8), Atlántico (7), Bogotá (7) y Santander (5).
Sin embargo, en la región Caribe en su conjunto se presentó la mayor parte de las amenazas y panfletos, ya que a los de Sucre y Atlántico se suman Bolívar (3), Magdalena (3), Cesar (2), Córdoba (1) y La Guajira (1).
Además, concluye la investigación que las mayores cifras acumuladas de amenazas entre 2010 y 2014 están en el Caribe: Atlántico (19), Sucre (11) y Bolívar (8).
Ante este panorama, Colombia Diversa aclara que una buena parte de las amenazas registradas en ese periodo tuvieron lugar en el marco o con ocasión del conflicto armado (por lo menos 20 de 54).
Asevera que estos casos tienden a concentrarse en departamentos y sub-regiones donde ha habido un mayor impacto del conflicto, y asegura que tiene conocimiento de amenazas e incluso otras violaciones graves de derechos humanos contra personas Lgbti (desplazamiento forzado) en Tumaco (Nariño), Saravena, Arauquita y Puerto Rondón (Arauca), Caucasia (nordeste antioqueño), El Tarra (Catatumbo, Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander) y los Montes de María en Sucre (Sincé y Chalán).
Finalmente, indica que en algunas de estas subregiones los enfrentamientos entre grupos armados y bandas criminales han afectado profundamente a la población civil, y muchas de las amenazas en esos municipios fueron atribuidas específicamente a actores armados.
“ESTA SITUACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”
Mauricio Albarracín, director de la fundación Colombia Diversa, se mostró preocupado por el aumento de la violencia policial en los últimos años, y aseguró que aunque la entidad cuenta con lineamientos para la atención de situaciones que involucren a miembros de esta población, estos no son efectivos.
“Estamos teniendo la tasa más alta de los últimos años. Las medidas que adopta la Policía para ejercer el respeto hacia miembros de esta población no han sido efectivas. Es responsabilidad del Estado, porque son sus agentes los que no están investigando y no están haciendo labores de prevención”, dijo Albarracín.
De acuerdo con lo anterior, solicitó a las autoridades adelantar investigaciones que permitan identificar las distintas problemáticas y las distintas comunidades afectadas por las mismas, fortaleciendo los canales de denuncia, con el fin de ejercer un trabajo de prevención y atención eficaz.
Adicionalmente, el activista aseguró que aunque en la actualidad Medicina Legal realiza un reporte más detallado sobre las afectaciones contra la comunidad Lgtbi, lo cual brinda un panorama más preciso, “solo seis de todos los casos reportados durante 2013 y 2014 han tenido una condena.
Ante este panorama, el director de la Fundación argumentó que la clave para revertir esta situación, radica en un trabajo articulado de las distintas instituciones involucradas, registrar, investigar sancionar conocimiento crear campañas para reducir estigma que se tiene contra los miembros de esta comunidad.
“INVITAMOS A LA COMUNIDAD A QUE DENUNCIE”
El inspector General de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Ramiro Mena, aseguró que el principal problema al que se enfrenta su entidad para ejercer de manera eficaz la defensa de los derechos humanos, es la falta de denuncia por parte de la comunidad.
“Invitamos a que confíe en la institución. Es importante que denuncien, la denuncia es el principal insumo que nosotros tenemos para iniciar investigaciones que lleven a las sanciones pertinentes”, puntualizó el alto oficial, al recordar que está disponible la línea 166 para informar sobre los malos actos de integrantes de la Policía.
Adicionalmente, Mena aseguró que en la actualidad se trabaja desde las escuelas de la entidad en la capacitación para la atención de eventos relacionados con personas de esta población, al mismo tiempo que recordó que la institución abrió 105 oficinas en todo el país para la defensa de los derechos humanos.
De otra parte, celebró la elaboración de este tipo de documentos y afirmó que este es un documento donde se analizan datos estadísticos de fuentes primarias, sin embargo, señaló que aún existe un gran número de personas afectadas por este tipo de violencias que aún no han sido referenciadas.
Finalmente, resaltó el respeto de su entidad por la diversidad de género, al tiempo que aseguró que desde su entidad se seguirá trabajando con el fin de mejorar el servicio prestado a la comunidad, especialmente a la población Lgtbi, con el fin de disminuir las cifras todos los años en el informe.
