Colombia
Martes 28 de julio de 2015 - 01:34 PM

Choque Iglesia-Procurador por propuesta de justicia de abogado de las Farc

La propuesta del abogado de las Farc, Enrique Santiago, en el sentido que la guerrilla no se sentó a negociar para terminar en la prisión y que los jefes guerrilleros solo pagarían cárcel si “los máximos responsables del Estado” también lo hacen, desató este martes reacciones encontradas.

Choque Iglesia-Procurador por propuesta de justicia de abogado de las Farc (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)
Choque Iglesia-Procurador por propuesta de justicia de abogado de las Farc (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

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Publicado por: COLPRENSA

Por un lado, la Iglesia Católica, a través de Monseñor Juan Vicente Córdoba, aseguró que está de acuerdo en que haya una justicia transicional para todos, “sin rebaja ni aumento para nadie, de manera que los colombianos quedemos con la tranquilidad de que hay reparación, que la reparación lleva a la dignidad del ser humano”.

“Que se hagan los debidos procesos y, de acuerdo a la Ley, se aplique a todos por igual”, dijo monseñor quien al ser preguntado sobre si esto debía incluir a exministros o dirigentes gremiales aseguró que ellos como todo colombiano “bajo el amparo del aparato jurídico, sea quien sea, con debido proceso, la ley debe aplicarse para todos igual”.

Monseñor Córdoba insistió en que no puede permitirse una ley “para unos y otra para los otros” y señaló que los responsables de lesa humanidad y de crímenes de guerra deben ser juzgados por esas conductas.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que no se puede concebir un proceso de paz con “la dosis de impunidad que pretenden las Farc”, luego de conocerse la posición de esa guerrilla, a través de su abogado.

Ordóñez aseguró que no son equiparables las labores emprendidas por las fuerzas del orden, dentro de un escenario de legalidad y de legitimidad, con “la empresa criminal de las Farc que se ha caracterizado por violar los derechos humanos y todas las garantías”.

“No se puede equiparar a los ciudadanos de bien con el ejercicio de la violencia para desconocer los derechos de los colombianos. Creo que, en ello, lo que se trata es de insistir en la impunidad que ellos siempre han concebido y creo que si hay una claridad, es que precisamente no puede concebirse un proceso de paz con la dosis de impunidad que cada vez, con mayor descaro, está exigiendo las Farc”, dijo.

Ordóñez aseguró que en ese sentido sí hay una unidad del Estado, en el sentido que no puede haber impunidad: “Los compromisos internacionales son claros, las normas legales son claras, los precedentes judiciales son claros. Un proceso de paz en esos términos sería insostenible”, apuntó.

Las declaraciones del Procurador Ordóñez y de monseñor Córdoba se dieron en el marco de un encuentro conmemorativo de los 20 años del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

“Nadie dialoga para acabar en la cárcel”

El abogado español Enrique Santiago reiteró este martes en entrevista en Blu Radio que un proceso de paz ninguna de las partes se sienta en la mesa para negociar el fin de un conflicto y “acabar en la cárcel” pues eso sería un procedimiento netamente penal y no de negociación de paz.

En ese sentido, dijo que las Farc están trabajando en buscar una salida de justicia restaurativa que garantice la no repetición, de la mano de las convenciones internacionales, y dijo que no es cierto que esto vaya en contra del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“Desde que entró en vigencia el Estatuto de Roma ha habido 20 procesos de paz, en países que han firmado el Estatuto, y la CPI ha dictado seis órdenes y ha sentado en el banquillo a una persona. En ninguno se ha acabado con soluciones carcelarias sino que en todas han dictado amplias amnistías”, apuntó.

El abogado Santiago dijo que la CPI no establece ninguna inmunidad en contra de altos funcionarios del Estado y en ese sentido es claro que la cadena de mano, responsable de delito, no se acaba en la cúpula militar. No obstante, indicó que se trata de un proceso político y no penal, que debe otorgar garantías a las víctimas.

“No es posible decirle a una organización insurgente que pretende dejar las armas y convertirse en una fuerza política que acepte la cárcel. Intentar encarcelar a la cúpula puede tener unos efectos catastróficos en la puesta en marcha de esa opción política”, agregó.

Publicado por: COLPRENSA

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