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Sábado 05 de Noviembre de 2016 - 04:02 PM

"Código de Policía es represivo con comerciantes en espacio público": Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe una disposición del nuevo Código de Policía que impone multas a quienes ocupen el espacio público, por estimar que afecta el derecho al trabajo de las comerciantes informales.
ARCHIVO/VANGUARDIA LIBERAL
Las sanciones de multa, decomiso de mercancía o la destrucción de la misma son desproporcionadas
(Foto: ARCHIVO/VANGUARDIA LIBERAL)

La Procuraduría estimó que las sanciones de multa, decomiso de mercancía o la destrucción de la misma son desproporcionadas y vulneran la Constitución por lesionar de manera inadmisible el patrimonio de estas personas, dejándolas en una situación más grave a la de informalidad laboral en la que están.

“Convirtiéndose en medios no apropiados para proteger el espacio público, pues suponen desconocer la condición de marginación, debilidad e indefensión de las personas que trabajan con dichos bienes y en ese espacio, que es lo absolutamente opuesto al deber que tiene el Estado con ellos de cara a garantizarles una igualdad real y efectiva”, dice el documento.

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Para el Ministerio Público, las sanciones represivas que están en el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 o Código de Policía en vez de remediar el problema social de la ocupación del espacio público lo agrava, porque afecta su derecho al trabajo y sus recursos que podría llevarlos incluso a situación de pedir dinero a los demás.

La Corte envió su concepto a la Corte Constitucional que estudia una demanda que presentó el congresista Inti Asprilla, quien además de considerar desproporcionadas estas sanciones considera que el Congreso incurrió en una omisión legislativa porque debió implementar otras medidas de política pública para proteger a los comerciantes informales.

Aunque el Ministerio Público avaló parte de los argumentos de Asprilla, cuestionó que este haya argumentado la figura de la omisión legislativa para llegar a la Corte una posición política.

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“La omisión legislativa relativa no debe convertirse en el pretexto para discutir o cuestionar las decisiones del legislativo que no se comparten porque, por ejemplo,  se considere que ellas afecten el interés particular, pues ellas en todo caso han sido adoptadas en el marco del debate político necesario y bajo la representación democrática que legitima su vigencia”, dice el concepto.

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