La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia que busca dar vía libre al Decreto Ley 831, con el cual el Gobierno les otorgó a los extranjeros que hacen parte de las filas de las Farc una visa de residencia especial.
Publicado por: COLPRENSA
Se trata de la visa de Residente Especial de Paz, que se otorga a los guerrilleros extranjeros que estén en los listados entregados por esa guerrilla y verificados por el Gobierno, una vez terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, si pretenden establecerse en el país de manera indefinida.
Dicha visa le permite a la persona beneficiada trabajar y puede extenderse al compañero permanente y a los hijos menores de 25 años.
El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo, quien presentó una ponencia señalando que el decreto cumple con los requisitos de conexidad con el Acuerdo de Paz.
Lea también: Se inició estudio de las nulidades contra fallo que modificó el Fast Track
No obstante, para el procurador Fernando Carrillo, ese requisito de conexidad no se cumple, pues en el Acuerdo de Paz no se se pactó nada relacionado con el visado para los miembros extranjeros de las Farc.
“En el marco del Acuerdo Final no fue una necesidad esencial la de verificar y regular la permanencia de los extranjeros en el territorio colombiano (…) No se realiza un acápite donde se trata con especificad el tema de los extranjeros excombatientes pertenecientes a las Farc-EP”, dijo Carrillo en concepto enviado a la Corte.
Lea también: habrá nuevo decreto de amnistía para las Farc
En esa oportunidad, Carrillo agregó que este decreto “se torna una medida de conveniencia adoptada por el Gobierno Nacional, lo cual no es suficiente para utilizar las facultades presidenciales para la paz que, por el contrario, exigen una conexidad teleológica estricta y suficiente con el Acuerdo”.
En su intervención ante la Corte, el Gobierno Nacional aseguró que se quiso resguardar la estabilidad en el tiempo de este nuevo sistema de visado, para garantizar a los excombatientes de las Farc extranjeros “un mayor nivel de seguridad jurídica para la regularización de su situación migratoria”.
Esto, a fin de evitar que en el futuro un decreto ordinario les quite la base jurídica necesaria para su permanencia en el país y para los procesos de reincorporación, sometimiento a la justicia transicional y la garantía de los derechos de las víctimas.
“Sólo una norma de rango de ley, expedida en ejercicio de facultades directamente vinculadas al proceso de paz, les puede otorgar esa seguridad jurídica que, además, contribuye a estabilizar el desenvolvimiento de este proceso”, señaló el Gobierno. La última palabra la tiene la Sala Plena de la Corte.
Lea también: Confirman el asesinato de exguerrillero de las Farc indultado
