ANI pedirá la nulidad del contrato Ruta del Sol sector 2
La Ruta del Sol sector 2, un proyecto que le inyectaría mayor competitividad al departamento, cuarto en el ‘ranking’ nacional (ver página 5A), y que empezaba a concentrar este año sus obras en Santander, no irá más.
El gerente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, anunció ayer que se terminará el contrato.
“El día de hoy tomamos la decisión de terminar el contrato Ruta del Sol sector 2. El mecanismo que seleccionamos fue una demanda de nulidad ante el tribunal de arbitramento del contrato, que falla más rápido que la justicia ordinaria, y esperamos tener una decisión en los próximos meses”, indicó Andrade.
Una decisión en ese sentido por parte del tribunal implica la terminación del contrato y permite la apertura de una licitación para terminar las obras.
La misma suerte correrá el tramo Ocaña-Gamarra, que se adicionó al contrato de concesión.
“Llevaremos a cabo una auditoría independiente de los presupuestos y del modelo financiero asociado a la adición del tramo Ocaña-Gamarra, con el objetivo de identificar si se dieron irregularidades en el mismo”, dijo Andrade.
Cabe indicar que la última entrega de obras que hizo el concesionario Ruta del Sol fue en noviembre del año pasado, cuando se habilitaron 40 kilómetros de doble calzada entre Puerto Boyacá (Boyacá) y Cimitarra (Santander).
En Santander, esta vía tiene 240 kilómetros.
El otrosí
Mediante el otrosí número 3 del 15 de julio de 2013, se adicionó el contrato por $3.177 millones, para elaborar los estudios y diseños de una “nueva obra” que no estaba contemplada inicialmente en el pliego de condiciones ni en el contrato: la vía Ocaña-Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco y la vía de acceso a los demás puertos ribereños localizados en una longitud menor o igual a cinco kilómetros de distancia del casco urbano de Gamarra, incluidas las variantes de Aguachica y Ocaña.
Sin embargo, previa suscripción de dicho otro sí, el Instituto Nacional de Vías (Invias) había firmado el contrato 2219 de 2011 con el contratista Ayesa, cuyo objeto era realizar los “estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguaclara-Ocaña-Sardinata-Astilleros-Cúcuta, Ruta 70 Norte de Santander”.
Es decir que otra entidad estatal ya había asumido competencia para adelantar la estructuración de ese proyecto, y lo que debía seguir era una licitación pública para ejecutar la obra diseñada. Sin embargo, mediante un nuevo otrosí, número seis del 14 de marzo del 2014, se adicionó el contrato por $676.806 millones y se prorrogó el plazo de la concesión por cinco años más, para un total de 35 años.
¿cómo avanza la investigación?
Tras cuatro días de audiencia, el Juzgado 82 de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel La Picota al exsenador Otto Bula, señalado por la Fiscalía de presuntamente ser el intermediario de la firma Odebrecht para obtener el contrato para la construcción de la vía Ocaña - Gamarra.
Asimismo, la justicia decidió que la exministra de Transporte Cecilia Álvarez deberá acudir a una entrevista en la Fiscalía General de la Nación, para explicar lo relacionado con la adición del contrato que se le hizo a Odebrecht en el sector dos del proyecto Ruta del Sol.
La exfuncionaria asistirá en calidad de testigo, y ello no representa, por ahora, vinculación al proceso.
La Fiscalía General de la Nación también decidió llamar a indagatoria al empresario Miguel Nule, quien, en su momento, manifestó reparos al ser excluido de la licitación por la Ruta del Sol.
Piden investigar Navelena
El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y el colectivo Justicia Tributaria denunciaron ayer que la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia hizo un préstamo al consorcio Navelena, engargado de las obras de rehabilitación del Río Magdalena, por la suma de $120 mil millones en 2015, una semana después de que la Superintendencia de Sociedades había advertido sobre la causal de disolución de Odebrecht.
El senador cuestionó la actitud del fiscal Néstor Humberto Martínez de haber declarado la “absolución política del contrato”, descartando la posibilidad de investigación sobre si en este contrato también se habría incurrido en actos de corrupción. Según Robledo, el pronunciamiento del fiscal se hizo tan solo una semana después de haber allanado las oficinas de Cormagdalena, con más de tres mil folios en el proceso, lo que a su juicio carece de toda idoneidad.
La garantía para el pago del préstamo, según Robledo, era el cierre financiero del contrato, que hasta el momento no se ha logrado.