Reflexiones de un juez penal | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2010-01-24 05:00:00

Reflexiones de un juez penal

El juez penal Javier García Prieto sale al corte de las críticas al sistema judicial. Dice que absolviendo también se hace justicia.
Reflexiones de un juez penal

El cabello largo y la barba blanca de Javier García Prieto, además de la informalidad en su vestir y su comportamiento jovial, no permiten imaginar que en sus manos tenga, diariamente, uno de los derechos más preciados para cualquier persona: la libertad.

Javier, como le gusta que lo llamen, es el juez 48 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Este sociólogo de la Universidad Nacional y abogado de la Autónoma ha sido desde 1987 miembro de la rama judicial y es uno de los más recios contradictores de quienes cuestionan -cree que sin fundamento- hechos como los que terminaron con la libertad de 38 de los 52 militares vinculados a los llamados ‘falsos positivos’.

La opinión de éste jurista cobra peso si se tiene en cuenta que es uno de los formadores (facilitador) de jueces, pues acude a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla para intercambiar experiencias y capacitar funcionarios que administran justicia en Colombia.

Hijo de un sastre y testigo fiel del flagelo del desplazamiento forzado, Javier García defiende con vehemencia el proceder de los jueces que al aplicar la Constitución y la Ley se apartan de sentimientos e impulsos que, en la otra orilla, a gritos reclaman condenas o detenciones.

“Los jueces no podemos hacer lo que hizo el Presidente de la República en Buenaventura cuando ordenó la captura de un funcionario supuestamente comprometido en un delito. Nosotros no podemos actuar por impulsos y el Presidente no puede hacer ese tipo de cosas”, comenta García con voz indignada.

En ese caso en particular, el fiscal tenía la obligación de soltar al implicado porque no había una orden de captura emitida por un juez, explica, al darle la razón al funcionario que se opuso a la orden del Presidente Uribe.

A pesar de este duro cuestionamiento, para García es normal que la gente del común se deje llevar por el deseo, lo que sí considera grave es que se esté llegando a linchamientos como el que se presentó en 2009 en Zipaquirá, Cundinamarca, donde un hombre señalado de abuso sexual fue muerto por una turba desenfrenada.

“En Colombia hay que tener claro que los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y ratificados en los Tratados Internacionales y todos nos debemos someter a eso”, enfatiza con la mano en la Constitución Política, que lo acompaña a donde va.

Los jueces, y en general la administración de justicia, están entre la espada y la pared por las órdenes de libertad sustentadas en vencimiento de términos: “¿Alguien se ha preguntado qué carga laboral tiene un juez? o ¿cuál es el fundamento legal que le permite ponerse de frente ante la crítica ciudadana, sin temor a ser cuestionado?”.

La justicia cojea, peroÂ…

“Lo que la gente no conoce es que tras las puertas de un juzgado se represan procesos que exceden, de lejos, la capacidad laboral de los jueces”, dice García, con el seseo característico de los quindianos.

“A pesar de que la ley contempla cortísimos tiempos para resolver los procesos, la realidad es otra, pues en la actualidad un importante número de jueces está llenando los renglones de sus agendas, pero de tres y cuatro meses adelante. Muchos de esos casos muy seguramente terminarán en libertades, también por términos”.

A esto -cuenta- se suma el que muchos de sus compañeros deben planillar hasta quince audiencias diarias, aunque humanamente, y para hacer las cosas sin prisa pero sin pausa, sólo sean capaces de resolver entre siete y ocho causas de este tipo.

“Hoy no es raro ver en un juzgado (de circuito) 300 casos, cuando la posibilidad de trabajo real es de 150. Sólo con esta última cifra se pueden cumplir los parámetros legales para evitar los vencimientos de términos”, agrega, mientras esculca los códigos que mantiene en un portafolio, ceñidos por una cinta negra.

Ahí no paran los ‘peros’ que le hace al sistema. Dice que el escenario fue empeorado por la reforma a la Ley Penal (L. 906) con la que se minaron las figuras de aceptación de cargos, de negociaciones y acuerdos; éstos, en su concepto, eran de gran ayuda a la hora de evacuar la justicia.

“El sistema se ha visto afectado, pues los procesos se están demorando más y ante la ausencia de beneficios, los procesados han preferido irse a juicio en busca de una mejor salida”, señala.

El nuevo sistema

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) o sistema oral, implementado desde 2005 y que rige en el país entero desde enero de 2008, “es bueno, pero lo han atrofiado”, señala García, haciendo referencia a la lluvia de reformas con las que se ha bombardeado la Ley 906.

¿Esa es la forma cómo se quiere hacer que la justicia sea más efectiva?, pregunta.

“Lo que la gente no sabe es que hoy por hoy un funcionario judicial se tiene que enfrentar a distintos sistemas penales: el antiguo (escrito), el nuevo (oral) y el de adolescentes.

Además, el ciudadano del común no ha podido dimensionar el giro de 180 grados que desde 2005 dio la justicia penal en Colombia, ni siquiera lo han logrado concebir, por lo menos no del todo, los jueces, fiscales y abogados.

Hoy la justicia nacional y más la penal, debe velar por los derechos de los procesados y uno de estos es precisamente la libertad, por eso se habla de una justicia garantista en donde solamente se justifica la detención de una persona por tres razones: obstrucción a la justicia, para proteger a una víctima o a la ciudadanía o para evitar una fuga.

Ante esto los jueces deben mirar si la medida es necesaria, proporcional y adecuada. La norma ni siquiera exige que se cumpla con los tres aspectos, sino que basta con uno de ellos. Y súmele a esto que para cada determinación debe tenerse presente lo que en determinados casos dice la Corte Suprema de Justicia.

“El Artículo Primero de la Constitución Nacional, que debemos respetar todos los colombianos, dice que el fundamento de un Estado Social y de Derecho, es la dignidad del ser humano”, resalta. Por eso, considera que cada juez en el país debe, antes de tomar una decisión, observar los parámetros constitucionales.

“Pero no podemos culpar a la gente por sus impulsos, pues por lo general las personas piensan en las leyes, en las condenas, en las sanciones, pero aprecian que a la par está lo dispuesto por la Carta Política, “a eso un juez no le puede hacer el quite, porque incurriría en sanciones disciplinarias y hasta en destitución”, señala.

“A mi despacho han llegado fiscales que se olvidan de solicitar la medida de aseguramiento (detención) del procesado, y el juez no puede suplir eso; ¿qué toca hacer?, ordenar la libertad”.

El trámite

El juez García también se apoya en que las pruebas que hoy reclama el nuevo sistema acusatorio son fundamentales, pues su falta afecta el proceso. “Este sistema es oral, pero no de discurso únicamente. Mientras se hable de culpa ésta tiene que ser sustentada en pruebas”.

“No porque la persona acepte cargos debe ser encarcelada. Es más, si una persona comete un delito sumamente grave, pero se le violaron sus derechos y garantías fundamentales en la captura, hay que soltarlo”, dice, y añade: “en Colombia una persona sólo puede ser capturada por orden de un juez, o por flagrancia, no más”.

“Hoy el fiscal que es quien acusa, éste es quien debe llegar al juicio con una teoría del caso para demostrarla, si no lo hace el único camino es absolver. Si falla la presentación de pruebas, se debe absolver y liberar”, manifiesta.

Todo esto es precisamente lo que se ha dado en casos como el de Barranquilla, en donde un funcionario debió dejar en libertad a un hombre que reconoció haber asesinado a su esposa. “Que no se entienda es lógico. Pero lo que no puede pasar es que se condene a los jueces, pues si de culpables se trata, para eso está la ley, pues ella es la que fija el actuar de estos funcionarios.

“Es claro que un juez se puede equivocar, en muchos casos de buena fe, lo reprochable es que de inmediato y sin ningún análisis se le amenace con investigaciones disciplinarias, como por los casos de los ‘falsos positivos’.

“Hay gente que habla de derechos cuando se trata de asuntos que los tocan a ellos y de justicia, condenas y reparación, cuando los afectados son otros. Los jueces estamos en medio, pues la decisión que se tome nos pone entre la espada y la pared”.

Hace esta última reflexión y vuelve a su tarea, la de todos los jueces, resolver los derechos de los colombianos.

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