Nuevamente son noticia las acusaciones de que en las Contralorías hay actos y procederes indebidos. La más reciente denuncia periodística señala que el Contralor de Bogotá supuestamente está involucrado en un acto de corrupción.
Publicado por: REDACCION VANGUARDIA
Solo una semana antes las noticias de prensa destacaban el hecho de que, a nivel de nuestra región, la Procuraduría General de la Nación investiga si el Contralor Departamental y la Contralora Auxiliar intervinieron o no en política partidista en la pasada campaña electoral para Congreso de la República.
Es cierto que en los casos mencionados tales imputaciones deben pasar pruebas ácidas tales como son el lograr demostrar en sendos procesos Disciplinarios y en procesos Penales que los hechos anómalos ocurrieron y que los funcionarios señalados incurrieron en conductas sancionadas por la Ley, pero no por ello el asunto puede ser desestimado.
Desde hace tiempo en todos los sectores de la opinión y de la vida colombiana hay la íntima convicción de que las Contralorías perdieron su seriedad y de hacer un rígido control cayeron en la laxitud y que de tal punto sus funcionarios saltaron a la comisión de delitos y faltas disciplinarias e hicieron del contubernio con políticos de poco sentido ético una constante.
Las Contralorías, como consecuencia de la mecánica política, mutaron y de ser severos órganos de control del gasto y de las inversiones del Estado, devinieron en complacientes entes dedicados a tapar anomalías llevadas a cabo por políticos y funcionarios de su círculo de poder y a encubrir conductas delictuales en la contratación estatal.
Y en ese punto estamos. Las Contralorías Municipales y Departamentales no se justifican hoy pues sus actuaciones en las últimas décadas sonroja ya que así como ha aumentado la corrupción, ha crecido la complacencia y el encubrimiento de tales entes con funcionarios y contratistas que hicieron de la corruptela un estilo de proceder y de vida.
Gran parte del problema de las Contralorías Municipales, Departamentales y de la República, deriva del origen de sus titulares ya que se volvió de buen recibo el que los grupos mayoritarios en los Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y Congreso de la República, reclamen como botín político el elegir el Contralor respectivo y quienes son ungidos para tales cargos llegan con la consigna no de controlar sino de proteger al círculo de allegados al grupo que lo eligió.
Así, el desafío es acabar con las Contralorías Municipales y Departamentales y llevar a cabo una profunda reforma de la Contraloría General de la República, desligando la designación de su titular de las componendas políticas, para que algo tan sagrado como es el erario y el Presupuesto, se preserven y ejecuten en la forma más sana imaginable. Cualquier otra medida es aplicar paños de agua tibia a un enfermo terminal.
