El ex funcionario denunció, en varias oportunidades, presuntos hechos de corrupción en ese departamento. Seis días después de su asesinato, la oficina del Zar Anticorrupción remitió las denuncias a la Fiscalía con el propósito de aportar elementos que permitan esclarecer el hecho. Según informó Ortiz, las denuncias señalarían hechos de corrupción relacionados con los dos últimos gobernadores del departamento de Quindío, alcaldes de Armenia, funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia y del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros. Una vez el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción conoció las denuncias, adelantó un plan de trabajo con varias instituciones de Armenia con el fin de analizar la información. Como producto de este plan, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, presentó una demanda de nulidad contra la Resolución 20 de 2006 que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y las áreas del suelo de protección de Armenia, bajo la cual se habrían expedido licencias ilegales de acuerdo con las denuncias de Hurtado. El Zar informó que las investigaciones realizadas gracias a las denuncias de Hurtado permitieron la captura del ex alcalde David Barros por presuntas irregularidades en un contrato de semaforización de Armenia, proceso que está en etapa de juicio. Además se dictó medida de aseguramiento domiciliario contra el ex gerente de Empresas Públicas de Armenia, Luis Ernesto Gil Cardozo, por peculado por apropiación y contratación sin requisitos legales.