En Colombia, el debate sobre la protesta suele olvidar a alguien: al ciudadano que no marcha, al comerciante que necesita abrir, al trabajador que depende del transporte y al paciente que espera una ambulancia. ¿Sus derechos valen menos porque no llevan una pancarta? El Estado tiene la obligación de protegerlos, porque el orden, la seguridad y la movilidad son un propósito superior a la protesta misma.
El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 pone sobre la mesa esa responsabilidad: modifica el protocolo de 2021 y plantea la protección simultánea de quienes se manifiestan y de quienes no participan. Su importancia está en exigir decisiones, coordinación y responsabilidades. Una autoridad que observa cómo se vulneran derechos y no actúa, teniendo el deber de hacerlo, abandona su función.
Ninguna causa justifica agredir a un ciudadano, impedir el paso de una ambulancia o destruir el negocio de quien vive de su trabajo. El descontento no concede permisos para atropellar. ¿Por qué tendría que asumir esas consecuencias quien simplemente necesita trabajar? Una reivindicación pierde autoridad moral cuando pretende imponerse mediante el daño a otros. La defensa de los derechos exige respetar también los ajenos.
El decreto permite intervenir contra quienes ejecutan actos violentos o cierran vías sin que existan alternativas de movilidad. Garantizar los corredores solidarios y mantenerlos habilitados debe prevalecer sobre la protesta. Una urgencia médica no puede esperar a que termine una negociación. Tampoco pueden quedar a voluntad de un grupo el suministro de medicamentos, el paso de los bomberos o el transporte de alimentos perecederos. Proteger esos accesos exige presencia institucional, prevención y decisiones oportunas. La vida de un ciudadano no puede convertirse en instrumento de presión.
La responsabilidad alcanza a alcaldes y gobernadores: deben anticiparse, activar la coordinación institucional y responder por sus decisiones. Los puestos de mando unificados necesitan capacidad para resolver. Las actas deben registrar actuaciones concretas, y los balances de afectaciones deben permitir conocer qué ocurrió, quién intervino y qué atención recibieron los perjudicados. Gobernar exige hacerse cargo, especialmente cuando ello implica tomar decisiones políticamente incorrectas.
En Colombia, garantizar que los ciudadanos puedan trabajar, desplazarse y acceder a servicios esenciales debe ser una prioridad de la fuerza del Estado. Ese es el criterio para evaluar a los gobernantes: su capacidad de proteger la vida cotidiana.
Bienvenida la inconformidad expresada pacíficamente, bienvenido el debate. Pero ninguna consigna excusa la violencia ni ninguna dificultad justifica la inacción institucional. La ciudadanía merece protección y resultados. Ahora sí, ¡bienvenida la protesta!
