Publicado por: Rafael Gutierrez Solano
La libertad de opinión, prensa e información prevista en el artículo 20 de nuestra Constitución política como derecho fundamental, constituye en este país herramienta vital para el ejercicio autónomo e independiente de una de las características propias del ser humano y ha servido de qué manera para combatir la corrupción, garantizar la controversia y consolidar nuestra democracia, alejándonos así de aquellos regímenes, no pocos en estas latitudes, que sojuzgan o esclavizan no solo a los ciudadanos, sino también a los medios de comunicación que pretenden poner al descubierto lo oscuro y sórdido de los gobiernos que conculcan este derecho.
Desde hace varias semanas diferentes líderes nacionales e internacionales han alertado sobre las posiciones adoptadas por gobiernos como Venezuela y Ecuador que pretenden al seno de la OEA, impulsar un proyecto para debilitar la actividad que hasta ahora ha cumplido a calidad la Relatoria Especial de Libertad de Expresión de la CIDH y así quitarle influencia en la región. De la página de Elespectador.com del día lunes 23 de enero del presente año, tomo textualmente el siguiente comentario, a propósito de lo anotado: “Ha sido esta relatoria la que a través de sus comunicados e informes ha hecho públicos casos como el de los directivos del semanario Sexto Poder de Venezuela, a los que enviaron a prisión domiciliaria por una portada en la que aparecen funcionarias del gobierno Chávez vestidas de cabareteras, o el de los directivos del diario El Universo de Ecuador, a los que condenaron a prisión y a pagar 40 millones de dólares por una columna de opinión contra el presidente de ese país, Rafael Correa”.
La historia da cuenta que cuando ciertos gobiernos se sientes débiles y temen que se conozcan sus propósitos perversos o sus políticas erráticas, a lo primero que acuden es a restringir la libertad de expresión o a colocar mordaza a aquellos medios que pueden transmitir esos comportamientos a la sociedad. En eso es experto desde hace décadas el régimen dictatorial cubano que ha cancelado cualquier manifestación espontánea y autónoma de sus pobladores, pues la radio y la prensa es controlada por su oprobioso sistema. Gobiernos como el nuestro que han defendido y garantizado el derecho fundamental a que hemos aludido, deben asumir con valor y criterio su defensa y recordar lo que en el Senado francés en el año de 1821 destacó el ministro y diplomático Talleyrand: “Conozco a alguien que tiene más espíritu que Napoleón, que Voltaire, que todos los ministros presentes y futuros: la opinión pública”.
